a semana pasada se dio a conocer, en un documento de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que la sequía que afecta a 75 por ciento del territorio estadunidense con cultivos de maíz y soya causó, en junio y julio pasados, alzas hasta de 30 por ciento en los precios internacionales de esos productos. El incremento, según el Boletín Trimestral de Seguridad Alimentaria y Nutricional, podría ser parcialmente contrarrestado con el aumento de la producción cerealera sudamericana. Sin embargo, Raúl Benítez, representante regional del organismo internacional, advirtió que “este nuevo nivel de precios representa –en el corto plazo– un desafío adicional para aquellos países importadores netos de estos granos y de soya, en especial aquellos cuyas importaciones dependen de Estados Unidos, como México, los países centroamericanos y caribeños”.
A lo anterior debe agregarse el dato de que la FAO redujo hace unos días su proyección para la producción mundial de arroz, debido, principalmente, a la relativa escasez de lluvias en Asia y los países insulares del Pacífico.
En el panorama interno la sequía se ha traducido también en una caída de la producción nacional, por lo que el país se verá obligado a incrementar sus importaciones de alimentos, según lo reconoció en mayo pasado el subsecretario de Agricultura Mariano Ruiz.
Los fenómenos referidos podrían traducirse, si las autoridades correspondientes no toman medidas ágiles y adecuadas, en un encarecimiento brusco y severo, una perspectiva preocupante si se considera la pronunciada inflación alimentaria por la que atraviesa el país: de acuerdo con la misma fuente, ya en junio pasado la tasa respectiva superó 8 por ciento, algo que no había ocurrido desde 2009.
En aquel año, ante la carestía de los alimentos, el gobierno federal, en vez de emprender acciones para reactivar la menguada producción agrícola,, optó por subsidiar a productores extranjeros y a intermediarios a fin de abastecer el mercado interno.
Pero, incluso si volviera a ponerse en práctica una decisión semejante, el acceso a alimentos básicos para el grueso de la población dista mucho de estar garantizado. Si de por sí, más de 20 millones de habitantes se encuentran en situación de pobreza alimentaria, una espiral de aumentos en los precios llevaría a un agravamiento de esa intolerable circunstancia, generada no sólo por la concentración de la riqueza característica del modelo económico vigente sino también por el abandono del campo por parte de las sucesivas administraciones desde 1982 a la fecha y por la apertura comercial devastadora que ha venido teniendo lugar desde 1994. En suma, el país se encuentra ante el riesgo de una hambruna.
Es claro que la política económica imperante debe ser radicalmente modificada, y uno de los ámbitos en los que más urge el cambio de paradigma es en las actividades agropecuarias, superando el extremado pragmatismo cortoplacista que las ha caracterizado. Hay cultivos estratégicos –como el maíz– que deben ser protegidos, como ocurre en Japón, la Unión Europea y en la propia nación vecina, a fin de recuperar la independencia alimentaria, perdida hace ya cosa de tres décadas. Asimismo, resulta fundamental emprender la redignificación del campo y de la condición política, social y económica de los campesinos.
Ésta es una de las reformas que realmente urgen en el país y que deberá emprender a la brevedad la administración que inicie el próximo 1 de diciembre. De otra manera no sólo habrá que convivir con la amenaza de la hambruna sino, por consiguiente, de estallidos sociales de consecuencias imprevisibles.
