La coalición Movimiento Progresista apelará, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), la negativa del Instituto Federal Electoral (IFE) para acelerar las indagatorias relacionadas con los gastos de Enrique Peña Nieto.

De manera simultánea, la coalición entregó más pruebas adicionales (supervenientes) del juicio de inconformidad para exigir la invalidez de la elección presidencial. El paquete incluye denuncias que ya han hecho públicas Andrés Manuel López Obrador y quien fue su coordinador de campaña, Ricardo Monreal. Entre éstas se encuentra una ampliación de las pruebas del caso Scotiabank, relacionado con presuntos movimientos financieros y uso de recursos públicos con fines electorales del otrora coordinador de campaña del candidato priísta. Además, diversas tarjetas de prepago que se entiende que fueron utilizadas para la compra y coacción del voto.

La coalición entregó al tribunal el audio de una llamada telefónica al centro de atención a clientes de Scotiabank en la que una persona que se identificó como Luis Videgaray pide información para comprobar la existencia de una cuenta bancaria a su nombre.

En las pruebas supervenientes el Movimiento Progresista informa también al tribunal que solicitó al IFE investigue en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las operaciones de la cuenta 03800807935 y que solicite la grabación de la llamada de referencia hecha el 25 de julio.

Si bien el pasado 2 de agosto los magistrados resolvieron que no pueden dar una orden al IFE en ese sentido, esta vez la coalición de izquierda decidió utilizar la apelación como alternativa ante la negativa del instituto.

Específicamente vamos a pedir lo mismo: que se anticipen las conclusiones, por lo menos en lo que se refiere al asunto financiero; que la Unidad de Fiscalización del IFE entregue (conclusiones) oportunamente, en estos días, dijo Camerino Márquez, representante de la coalición.

En la sesión extraordinaria del jueves, los consejeros rechazaron, por unanimidad, aprobar un acuerdo propuesto por la coalición para que se aplicara un procedimiento extraordinario de fiscalización a los expedientes de presuntos gastos ilegales e irregulares de Peña Nieto.

La finalidad de la coalición es que los magistrados que integran la comisión calificadora de la elección presidencial cuenten con los elementos necesarios antes de que cierren la instrucción (recepción de demandas y pruebas), especialmente relacionados con asuntos financieros de los ingresos y gastos de PRI y PVEM.

La coalición interpondrá la apelación este fin de semana y confía en que los magistrados la resuelvan en la sesión del miércoles 15 de agosto, prácticamente en la víspera del cierre de la instrucción, si se considera que luego de ello la comisión calificadora redactará el proyecto de sentencia del juicio de inconformidad contra la elección presidencial.

En esta última fase para interponer juicios y presentar pruebas adicionales, el Movimiento Progresista señaló que los magistrados deben pedir a la Unidad de Fiscalización del IFE no sólo una lista de trámites realizados sino de conclusiones, al menos preliminares, de sus auditorías, más allá de los gastos de campaña.

El alegato del IFE para no acelerar las indagatorias y ofrecer conclusiones son pretextos, un juego perverso, tortuguismo y una acción retardataria, advirtió Márquez. El IFE, añadió, “dice que ha hecho más de 300 diligencias en la queja número 58, pero cuando te metes a analizarlas con lupa, te das cuenta de que son números fríos que no dicen nada.

Lo más relevante que te dice es que hicieron siete diligencias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y una al SAT, pero ninguna a la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna a la PGR, sólo una a la Fepade, y todo lo demás es autoridades local y federales, señaló.

Es decir, dijo, “del resto, doscientas y tantas, se turnó oficio a la autoridad local y a la autoridad federal. Pero un oficio turnado no es una diligencia. Lo más absurdo es la queja 22, que ya tiene casi 100 días (de haber sido interpuesta) está ahí, aletargada.

Si hubiera voluntad y eficiencia de la Unidad de Fiscalización ya habría revelado y transparentado el origen de esos recursos, como lo hizo en dos días, con la queja del PAN, la Comisión de Quejas, cuando detectó el fondeo de 70.8 millones de pesos y una serie de 9 mil 924 tarjetas Monex, comentó en entrevista.