Montevideo, 9 de agosto. El gobierno uruguayo envió al Parlamento un proyecto de ley que autoriza al Estado plantar y comercializar mariguana para combatir el narcotráfico y la delincuencia, y se vaticina un duro debate en el Congreso, donde aún no está garantizado el respaldo a la iniciativa.

El proyecto –que consta de un solo artículo– fue enviado la noche del miércoles al Poder Legislativo, donde la semana próxima pasaría a ser estudiado por la Comisión de Drogas y Adicciones.

El presidente José Mujica defendió su proyecto al sostener que el problema no es la mariguana, sino el narcotráfico.

Reveló que de cada tres presos que hay en el país, uno está por narcotráfico, y recordó que la mayoría caen por mariguana y los empujamos a drogas más duras.

Según el texto, el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción y adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de mariguana o sus derivados.

Para eso, el Estado ejercerá toda otra actividad material que resulte necesaria, previa, concomitante y posterior.

Política de reducción de daños

El proyecto no modifica la prohibición vigente del comercio de mariguana entre particulares y sostiene que se desarrollará en el contexto de una política de reducción de daños que alerte a los ciudadanos sobre los efectos nocivos del consumo de la droga.

Cómo será producida y vendida la mariguana, si se ofrecerá en cigarrillos o a granel, si será el Estado el que plantará el cannabis o si habrá una producción tercerizada, son los principales aspectos que generaron fuertes debates luego que el plan fue anunciado en junio y todavía quedan sujetos a la reglamentación posterior por el Ejecutivo.

El gobierno uruguayo enmarca el plan en la postura de la Comisión Global de Política de Drogas –integrada por los ex presidentes de Brasil, Fernando Henrique Cardoso; de Colombia, César Gaviria, y de México Ernesto Zedillo, entre otros– que sostiene que la guerra frontal a las drogas ha fracasado.

Asegura además que la propuesta no se opone a ninguna normativa internacional y recuerda que las políticas antidrogas han implicado gastar millones de dólares, han inundado las cárceles, desbordado los sistemas judiciales, originado un negocio ilegal millonario, al tiempo que no impidieron que el consumo se expandiera.

El presidente de Uruguay, José Mujica, ayer en el funeral de su hermana María en el cementerio del Buceo, en MontevideoFoto Reuters

Según el gobierno, sólo en Uruguay el narcotráfico moviliza entre 30 y 40 millones de dólares anuales.

Entre los objetivos del proyecto de ley está la separación del mercado de la mariguana del mercado de las otras drogas, toxicológicamente más riesgosas, y la inclusión social plena de su uso.

Mucho trabajo por delante, pese a que el gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) tiene una ajustada mayoría parlamentaria, algunos de sus legisladores se han manifestado contrarios a la iniciativa, mientras quienes la respaldan ya anunciaron que seguramente el proyecto será modificado.

Creo que este proyecto también tiene que incluir medidas para trabajar por la reducción del consumo problemático de mariguana, lo que no es incompatible con la regulación, dijo a Afp el diputado del FA Julio Bango, integrante de la comisión de adicciones.

La propuesta también debería incluir las políticas aplicadas al tabaco, como la prohibición de fumar en lugares públicos, añadió.

Hay que estudiar a fondo (el proyecto del gobierno), aprovechar la oportunidad para dar un debate a fondo en la sociedad uruguaya sin prejuicios, aseguró Bango, vaticinando que tras el debate parlamentario el texto va a tener más de un artículo.

Aunque habrá mucho trabajo por delante, confió en que la Cámara de Diputados pueda votar el proyecto antes de fin de año, tras lo cual pasaría al Senado.

Bango espera además que los legisladores de la oposición que respaldaban el autocultivo de cannabis apoyen este proyecto.

Actualmente el consumo y la tenencia para uso personal de mariguana no están penalizados en Uruguay, aunque sí la comercialización. Se estima que de los 3.2 millones de habitantes, unas 20 mil personas consumen habitualmente mariguana.

A todo esto, el alcalde Bogotá, el izquierdista Gustavo Petro, anunció la apertra de centros de expendio controlados para adictos con la idea de contener los delitos asociacodos.

El proyecto, que podría comenzar a operar en septiembre si logra el aval del gobierno nacional, pretende instalar centros de atención especializados en tres zonas de la capital colombiana donde se concentran los adictos, especialmente al bazuko, similar a la pasta base.

En este contexto, la oficina de contraloría del Congreso de Estados Unidos informó que esa nación otorgó unos 5 mil 200 millones de dólares a los países andinos para la lucha antidrogas entre 2006 y 2011.