Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión demandó al Consejo de la Judicatura investigar a los jueces federales Blanca Lobo Domínguez y Emiliano López Pedraza, porque se niegan a resolver un amparo interpuesto contra la Comisión Reguladora de Energía, que permitió a una gasera imponer una tarifa 300 por ciento más cara que en el mercado a los consumidores de Ciudad Juárez.

En tribuna, la diputada Antonieta Pérez Reyes (PAN) reveló que los jueces tardaron dos años y medio en decidir que no podían declarar inconstitucional que Gas Natural de Juárez, SA impusiera precios en perjuicio de miles de ciudadanos.

Lobo Domínguez, dijo, es “tristemente conocida como la juez que censuró el documental Presunto culpable y ahora, junto con López Pedraza, no tuvo el valor de enfrentarse a los poderosos que quebrantan los derechos de los mexicanos. Entonces, que estos jueces federales se vayan a su casa. A México no le sirven”.

Pérez Reyes deploró que los jueces, cínica y cómodamente se tomaran 30 meses para declararse incompetentes en la demanda de amparo que ella interpuso en contra de la poderosa Comisión Reguladora de Energía, dirigida por el flamante e insensible Francisco Salazar Díez de Sollano.

Esa comisión, insistió la legisladora, pudo incurrir en incompetencia o corrupción al permitir el abuso de un monopolio gasero, que impone precios impagables de gas natural a los habitantes de esa ciudad fronteriza, donde las temperaturas extremas obligan a un alto consumo de energéticos.

Jaime Cárdenas (PT) apoyó la propuesta de la diputada del blanquiazul, quien, afirmó, se caracterizó en la legislatura, que está a punto de concluir, por su lucha contra los altos costos de las tarifas eléctricas y del gas.

La propuesta recibió el respaldo unánime y la Permanente aprobó el llamado al Consejo de la Judicatur con la finalidad de que investigue a los dos jueces e hizo un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que intervenga en el caso, así como para que presente el informe relativo al cumplimiento de la recomendación especial en torno al caso Ayotzinapa, donde fueron violados derechos humanos de estudiantes de la Normal Rural que realizaban una manifestación en la Autopista del Sol el 12 de diciembre del año pasado.

El senador Carlos Sotelo (PRD) recalcó que aunque se presentaron algunas consignaciones y siguen abiertas líneas de investigación, la muerte de dos alumnos, “prácticamente ejecutados a la luz pública”, sigue impune.

Luego de una prolongada discusión, el pleno de la Comisión Permanente pidió a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos, y de Educación de Puebla, Luis Maldonado, reinstalar a los 43 maestros de esa entidad despedidos recientemente.

La propuesta fue presentada por Ricardo Monreal (PT), quien detalló que 5 mil profesores disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no aplicaron la prueba en Izúcar de Matamoros, Huachinango, San Martín Texmelucan y Tehuacán, porque consideraron que no es un mecanismo confiable de evaluación. A consecuencia de ello, 42 directores y un maestro fueron cesados.

Con votos de PRI, PRD y PT se aprobó la propuesta.