En la víspera de que entre en vigor el decreto que dotó de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el titular de la Secretaría de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos, adelantó que hay entre ocho y 10 candidatos para ocupar el cargo de presidente del instituto, que para el 15 de agosto ya habrá sido nombrado por el presidente Felipe Calderón.

Trascendió que entre los posibles aspirantes están la académica María Amparo Casar, quien apoyó la campaña de Josefina Vázquez Mota; Carlos Elizondo, nombrado por la ex aspirante presidencial y ex secretaria de Educación Pública para formar parte de su gabinete; Blanca Heredia, ex directora de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en México, y Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior.

“Estamos en los últimos pasos para ver si aceptan; se ha tenido cuidado de seleccionar a gente capaz y con amplia experiencia y de quien se ha pensado puedan ser los mejores. No será gente desconocida, aseguró.

En relación con el resto de los integrantes de la Junta Técnica, dijo que se estudian las candidaturas de entre 15 a 20 personas. El perfil para ser miembro es una trayectoria de vida en procesos de evaluación y conocimiento de la educación, indicó.

Ayer por la tarde se realizó una mesa titulada Perspectivas del INEE, en la cual participó el titular de la Secretaría de Educación Pública. Tras la sesión en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, Córdova Villalobos señaló que muy pronto se conocerán los nombres de quienes serán los responsables de las decisiones de ese instituto.

En la mañana, la directora general del INEE, Margarita Zorrilla, expresó sobre los futuros integrantes de la Junta Técnica, que estos asuntos están directamente en Presidencia.

En la celebración de los 10 años de vida del instituto que motivó la edición del libro INEE, una década de evaluación 2002-2012, Zorrilla y especialistas en educación coincidieron en señalar que con el decreto que entrará en vigor el 14 de agosto es necesario un nuevo acuerdo con la SEP, ya que el instituto pasará de ser un organismo sectorizado de esa secretaría a uno que será coordinado por Hacienda y Crédito Público. La autonomía no implica rompimiento con la dependencia, estableció Zorrilla en uno de los textos del citado libro.

En entrevista posterior, externó que el siguiente paso jurídico es crear un sistema nacional de evaluación de la educación obligatoria, que incluya desde la enseñanza básica hasta la educación media superior.

Consideró que el cambio de gobierno traerá un área de oportunidad muy grande para colocar temas en la mesa de discusión como el de garantizar el derecho a la educación obligatoria y el de cerrar las brechas entre quienes tienen o no dificultades en sus aprendizajes.