El general de división Tomás Ángeles Dauahare impugnó el auto de formal prisión que enfrenta por delincuencia organizada, para que un tribunal unitario de circuito analice el expediente y le conceda la libertad, revelaron fuentes judiciales. El recurso, explicaron los informantes, se desahogará al mismo tiempo que se estudien diversas pruebas en favor del general en el juzgado tercero de distrito de proceso penales federales, con sede en el estado de México.

También el general de división Ricardo Escorcia Vargas y el de brigada Rubén Pérez Ramírez, así como el brigadier Roberto Dawe González impugnaron sus respectivos autos de formal prisión.

La PGR los acusa de haber brindado protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Es la primera vez que el gobierno federal recluye de forma simultánea en un penal de alta seguridad a cuatro generales.

Dentro de la causa penal 44/2012, el juzgado tercero de distrito en procesos penales federales de Toluca, Raúl Valerio Ramírez, también dictó formal prisión al teniente coronel Silvio Hernández Soto y al mayor Iván Reyna Muñoz, consignados junto con los militares de alto rango. De estos últimos aún se desconoce si impugnarán la decisión del mismo juzgado de someterlos a proceso penal.

Según fuentes judiciales, la PGR acusó a Ángeles, Escorcia y Dawe, así como a Hernández, por ilícitos contra la salud y delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos de narcotráfico. El pasado lunes el juzgado resolvió que sólo deben ser procesados por el segundo ilícito.

Mientras tanto, Pérez Ramírez y Reyna Muñoz quedaron sujetos a proceso por delitos contra la salud.

La indagatoria contra los militares comenzó con una denuncia anónima del 17 de marzo de 2010, cuando una persona desconocida afirmó, vía telefónica, a la Siedo que los ahora consignados estaban vinculados con traficantes de drogas.

A partir de entonces, la Siedo abrió una averiguación que esencialmente descansa en las declaraciones de los testigos protegidos Jennifer y Sergio Villarreal Barragán, El Grande, quienes los señalan de haber recibido pagos de 500 mil a 5 millones de dólares, por colaborar con narcos sinaloenses desde 2007.

Los abogados de los generales presentarán en cinco semanas varios legajos de pruebas documentales, periciales y testimoniales que se desahogarán en el juzgado tercero de distrito.