Acceder a programas asistencialistas del gobierno federal, como el emblemático Oportunidades, implica serios condicionamientos que colocan a las beneficiarias al margen del ejercicio de sus derechos, al adoptar el papel pasivo de recibir las dotaciones económicas y ser obligadas a cumplir roles comunitarios, señala un informe que recoge testimonios de mujeres indígenas en Oaxaca.

Muchas manifiestan que con estos programas trabajan aún más, porque las obligan a realizar la limpieza o pintar clínicas e incluso escuelas, además de que tienen que cooperar para los gastos administrativos de los centros de salud.

De acuerdo con la información recabada en foros locales, las mujeres exponen que con el programa Oportunidades, lejos de recibir ayuda, “son explotadas laboralmente, porque después del trabajo en el hogar o en el campo deben ir a realizar otras labores por los apoyos económicos que les brindan, por lo que preguntan: ‘¿Por qué a nosotras nos hacen eso? No hemos visto que a los hombres los obliguen como a nosotras cuando les dan apoyo de Procampo’”.

Martha Sánchez Néstor, de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México –una de las organizaciones responsables del estudio–, dijo en entrevista que ciertos programas federales “tergiversan el apoyo que se necesita, como son programas efectivos de empoderamiento de las mujeres, de conocimiento de sus derechos humanos”.

Agregó que los requisitos para recibir dichos apoyos incrementan las jornadas laborales de las indígenes y las fuerzan a un trabajo extra para poder recibirlos, y ellas cuestionan que en los programas dirigidos a hombres no hay estas situaciones.

Lo anterior –indicó– evidencia cómo se sigue encasillando a las mujeres en el ámbito privado y los quehaceres que corresponden, y los programas no están diseñados desde una perspectiva de género, de derechos humanos e intercultural.

A decir de la activista, los programas asistencialistas en realidad son paliativos que buscan promover la salud, la educación y la buena alimentación entre las poblaciones indígenas, pero en los hechos las mujeres carecen de información y opciones para garantizar, por ejemplo, una alimentación adecuada; además de que los programas no parten de la realidad que se vive en las comunidades.

Otros testimonios dan cuenta de la violación de los derechos políticos y comunitarios de las indígenas, toda vez que las obligaban a desfilar el 5 de mayo, o en los mítines de alguna candidata, o uniformarse con playeras, etcétera. Es decir, las tratan como objetos simples sin ninguna conciencia, como si no fueran sujetos de derecho, y no fomentan la ciudadanía ni la participación real e informada que permita transformar los roles estereotipados que discriminan a las mujeres.