Al comenzar el análisis sobre los alcances del fuero de guerra en relación con delitos cometidos en agravio de civiles, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expusieron puntos de vista contradictorios: unos plantearon la necesidad de que el máximo tribunal defina los límites del fuero castrense y otros señalaron que, al no haber conflicto competencial, el máximo tribunal no tiene por qué discutir el fondo del problema.

Fuentes judiciales confirmaron que este tema será muy importante para la posición que asuma finalmente la Corte en los dos asuntos de competencia y los 28 amparos a resolver, porque hay ministros, como Sergio Aguirre, que consideran que no existe conflicto competencial en el primer asunto que resolverá el pleno, el relativo al homicidio del joven Jethro Ramsés, presuntamente a manos de militares en Cuernavaca, Morelos, en mayo de 2011.

Otros ministros que apoyan el proyecto de dictamen elaborado por Olga Sánchez Cordero, como José Ramón Cossío, señalaron que el asunto constituye un conflicto constitucional de competencia, lo que significa que el pleno debe ir al fondo en la discusión para estar en condiciones de fijar criterios jurídicos sobre cuándo se aplica el fuero militar.

Uno de los aspectos centrales de este primer asunto que resolverá el máximo tribunal consiste en que el teniente coronel José Guadalupe Arias Agredano, acusado de encubrir a dos soldados (José Guadalupe Orizaga y Edwin Raziel Aguilar Guerrero) que presuntamente mataron y torturaron a Ramsés, les ordenó tirar el cadáver estando franco y vestido de civil, lo que significa que no puede ser juzgado como funcionario federal, pues no actuó en el ejercicio de sus funciones.

El militar asegura que por eso el asunto debe ser resuelto por el fuero de guerra, independientemente de que la víctima sea civil.

Como hubo consenso en la discusión en que el juez federal que ordenó que el asunto lo resuelva un tribunal civil, Aguirre argumentó que la Corte simplemente tenía que definir si debe ser un juez federal o del orden común el que conozca del asunto, pero que de ninguna manera se trata de un conflicto competencial.

Funcionarios judiciales explicaron que la posición del ministro es importante, porque, si la Corte señala que hay conflicto constitucional de competencia, los ministros tendrán que definir –entre otras cosas– cuándo un militar que comete delito está de servicio o no; y si un militar que está de civil y franco puede ordenar a sus subalternos o si incurre en responsabilidad y, en dado caso, si debe ser juzgado por el fuero de guerra o no.

Ayer la discusión se interrumpió en razón de que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo indicó al pleno que después de que la Corte atrajo, en abril pasado, este asunto, para determinar qué juez es el competente, el demandante interpuso un amparo contra un juez federal, y en el proyecto no se hacía referencia a este hecho.

Ante la importancia de conocer el destino del amparo, los ministros instruyeron a Sánchez Cordero para que averiguara qué pasó con esa demanda y que el pleno actúe en consecuencia. Fuentes judiciales aseguraron que este asunto no tiene por qué afectar el proyecto de dictamen que plantea la controversia competencial y que el pleno discuta el fondo, es decir, los límites del fuero de guerra.

Los dos primeros asuntos, que tienen que ver con la competencia, serán fundamentales para la discusión de los amparos, trascendió, no sólo porque el pleno fijará criterios en la materia, sino porque, debido a aspectos legales, habría planteamientos en los amparos que podrían ser desechados y terminarían por no discutirse los límites del fuero militar.