La enfermedad renal crónica afecta en México a 9 millones de personas, de las cuales 150 mil deberían tener tratamiento médico sustitutivo de las funciones que sus riñones han dejado de realizar. Sin embargo, más de la mitad está excluido de dichas terapias pues únicamente se proporcionan a derechohabientes de instituciones de seguridad social y habitantes de algunos estados de la República.

El resto –la mayoría– compone el conjunto de 80 mil personas aproximadamente que cada año muere por insuficiencia renal crónica, advirtió Carlos Castro, presidente de Asociación Ale, de apoyo a pacientes.

El derecho humano a la salud se viola en el país de manera permanente con estas personas y las que se van sumando cada año, sin que exista una estrategia nacional de prevención, o por lo menos para detener la progresión del mal.

En entrevista, el activista resaltó la gravedad del problema, identificado incluso por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como uno de los seis padecimientos de más alto costo. El organismo atiende a unos 50 mil pacientes con tratamientos de diálisis peritoneal o hemodiálisis, los cuales son indispensables para mantener una buena calidad de vida y, eventualmente, poder ser candidato a un trasplante renal.

Otros ocho mil son atendidos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y algunos más están cubiertos por autoridades estatales que decidieron asumir esta responsabilidad, que de acuerdo con Castro, corresponde al Seguro Popular para sus afiliados. Pero no es así.

Hasta ahora, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud sólo ha anunciado que con recursos del fondo de protección contra gastos catastróficos se hará cargo de las terapias sustitutivas, trasplantes renales y medicamentos inmunosupresores de personas con falla renal, menores de 18 años de edad.

A la fecha, tal anuncio no se ha concretado en la realidad y de cualquier manera, aunque es un buen avance, resulta insuficiente, señaló Castro, porque la mayoría de los afectados son adultos y de bajos recursos económicos.

La falla renal es una de las principales complicaciones de la diabetes mal controlada y aún así, si se detectara tempranamente, los pacientes tendrían la oportunidad de retrasar su progresión. Pero en México, lo más común es que los afectados se enteren que tienen la enfermedad hasta que alguno de sus riñones deja de funcionar.

Otra falla del sistema nacional de salud lo representa el reducido número de cirugías de trasplante que se realizan. Información del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) indica que hasta ayer había 16 mil personas que requieren una operación para sustituir algún órgano; de éstas, más de la mitad, 8 mil 558, necesitan un riñón, pero en este año sólo se han realizado mil 339 cirugías. En 2011 la cifra fue de dos mil 468.

Entonces, comentó Castro, son varias vías las que se deberían abordar para reducir el problema de la insuficiencia renal crónica en el país. Descartó, por otra parte, los argumentos que en diversos momentos han dado las autoridades, respecto al alto costo que representa la atención de estos enfermos.

Lo que les falta es voluntad para hacer cumplir el derecho a la salud. Mucho se habla de prevención, pero nada todavía enfocado a abatir la carga de la insuficiencia renal, y esto es algo que corresponde al gobierno federal y a los legisladores responsables de asignar los presupuestos. A medida que seamos más sensibles al dolor de las familias, sobre todo de las más pobres, tendremos el dinero, insistió.

Como parte de sus tareas de apoyo a pacientes renales, Asociación Ale busca a grupos de pacientes en la República para crear un mecanismo de interacción, información y apoyo para ellos y sus familias.

Con ese fin, mañana (lunes 6 de agosto) se realizará un encuentro de enfermos renales en el teatro Isabela Corona, ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 445, Tlatelolco, de las 10 a las 13 horas. Mayor información en los teléfonos 5520-4504 y 5626-3708.