Con el voto disidente de la comisionada Sigrid Arzt, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que elabore una versión pública de los documentos presentados por el gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la masacre de Acteal, ocurrida en 1997, y de Manuel Santiz Culebra.

La versión pública debe contener: la contestación que a la denuncia contra el gobierno mexicano envió la SRE a la CIDH, de fecha 5 de julio de 2006, así como los escritos presentados por la cancillería mexicana, los días 29 de enero, 24 de agosto y 28 de noviembre de 2007, y de fecha 23 de julio de 2010.

Aunque Arzt Colunga, ponente de ese recurso, proponía confirmar la reserva de los documentos por 12 años, como planteó la SRE con el argumento de que difundirlos afectaría las relaciones entre el gobierno mexicano y la CIDH y el curso del proceso, los comisionados Jacqueline Peschard, Ángel Trinidad y María Elena Pérez-Jaén demostraron que la documentación, al ser parte de la primera fase ya concluida, no causa ningún perjuicio, ni en la relación del gobierno con la CIDH, ni se violenta –como alegó Arzt– ningún tratado internacional, ni se causa daño o perjuicio al proceso en curso en esa instancia internacional.

La comisionada Jacqueline Peschard precisó que los documentos requeridos son parte de la etapa de admisibilidad de la denuncia, fase en que el procedimiento concluye con la decisión, por parte de la CIDH, de ser difundida.

Y contiene la posición de las partes respecto de los hechos (el asesinato de 45 indígenas zapatistas, cometido por un grupo paramilitar, la mayoría niños y mujeres que oraban en una pequeña iglesia de Acteal), que ya fueron objeto de una decisión definitiva, razón por la cual la CIDH publica un extracto, por lo cual deja de ser confidencial o reservada la información de esa fase, subrayó Peschard.

Sin consecuencias negativas

Aclaró que no se está pidiendo a Relaciones Exteriores que difunda el fondo del asunto, sino información que contiene el informe número 146/10, en que la CIDH admite a trámite la petición de la parte acusadora (que señala como responsable de la masacre al Estado mexicano), y los alegatos esenciales del gobierno mexicano (que ha argumentado que los motivos que dieron origen a la queja no subsisten, entre otros puntos).

En igual sentido se pronunciaron Trinidad y Pérez-Jaén, tras enfatizar que no hay consecuencias negativas para el gobierno federal, ni para las partes involucradas en los hechos, porque la fase ha concluido.

Durante el debate, de más de dos horas, los comisionados, excepto Arzt, propusieron que la Secretaría de Acceso a la Información del Ifai revise la versión pública que debe entregar la SRE, para posteriormente ser evaluada por los comisionados, a fin de garantizar que sólo se difunda el informe de admisibilidad (el primero de cuatro fases) de la queja llevada a la CIDH, además de verificar las partes confidenciales que conservara el documento de 88 fojas, entre ellas las relativas a datos personales y otras.