Domingo 5 de agosto de 2012, p. 28
Nuevo Laredo, Tams., 4 de agosto. Tres menores que fueron atropellados durante un accidente provocado por agentes de la Policía Federal (PF) en esta ciudad necesitan atención médica especializada y las autoridades federales se niegan a pagar los gastos.
Leocadio Andrade, padre de Rafael, Brenda Itzel y Eduardo Andrade González de 7, 9 y 12 años, respectivamente, denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos la falta de apoyo de la PF.
El padre señaló que el comandante de la dependencia federal, Eduardo Lara, se negó a pagar los gastos médicos, asegurando que ellos no eran responsables del percance ocurrido el pasado 28 de junio.
Pero según el parte oficial de Tránsito y Vialidad Municipal, el agente Carlos Jiménez Santos es el responsable del accidente, en el que también resultaron lesionados los policías Carlos Jiménez, Anuar Silva y Eduardo Morales.
Los tres niños caminaban por la banqueta y se detuvieron en la esquina de Ignacio Comonfort al ver que se aproximaba una patrulla de la PF, la cual se pasó el alto del semáforo y chocó con una camioneta Ford Expedition, según se asentó en la denuncia.
El choque
Como resultado del siniestro, el vehículo oficial giró y terminó incrustado en la barda de un domicilio particular, mientras la camioneta –proyectada por el primero– arrolló a los tres menores y arrojó a Brenda y Rafael sobre la banqueta. En tanto, Eduardo quedó tirado a mitad de la calle.
Vecinos auxiliaron a los niños; Eduardo estaba inconsciente y con hemorragia en la cabeza y un hombre detuvo el sangrado del menor con su playera.
Rafael salió debajo de la camioneta, mientras Brenda se levantó y se sentó en la acera en lo que llegaban las ambulancias. Los tres ingresaron al Hospital General de Nuevo Laredo, y dos horas después fueron internados en el nosocomio San José.
Los gastos médicos y de hospitalización los cubrió una compañía de seguros; sin embargo, a los siete días del accidente, Eduardo fue dado de alta y desalojado del hospital, porque la cobertura de la aseguradora expiró, según informaron al padre. Cuando Leocadio se comunicó con el jefe de la PF, Eduardo Lara, y le explicó que a sus hijos ya no les querían dar atención médica en el hospital, el oficial le dijo que no podía hacer nada para ayudarlo
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Desde ese día el padre ha llevado con médicos particulares a sus tres hijos asumiendo una deuda que rebasa 20 mil pesos, los cuales no puede solventar pues perdió su empleo de albañil.