as reiteradas presiones nacionales y extranjeras para lograr una mayor apertura a la iniciativa privada en el sector petrolero del país no son sino un reflejo de la proyección e importancia que ha alcanzado Petróleos Mexicanos (Pemex) en la economía.
Actualmente, el peso de Pemex en el desarrollo del país, y la consecuente ambición que despierta en los grandes intereses corporativos trasnacionales, no sólo debe ponderarse en función del aporte que la paraestatal realiza a las arcas públicas –más de una tercera parte de los recursos del erario provienen de la petrolera–, sino también del lugar que ocupa frente a los principales consorcios empresariales –sus inversiones representan, al día de hoy, el doble de las realizadas por América Móvil, la mayor corporación privada en México–; de la enorme cantidad de recursos que genera –sus ingresos totales al cierre de 2011 sumaron 124 mil 180 millones de dólares y ascienden a 539 mil 300 millones en lo que va del sexenio–, así como de la incuestionable rentabilidad de la producción de crudo y sus derivados en la economía contemporánea.
En los años pasados, desde distintos foros académicos, políticos y de la sociedad organizada se ha insistido en que las dificultades de Pemex –cuyas pérdidas en el segundo trimestre de este año ascendieron a 25 mil 917 millones de pesos– no se deben precisamente a la insuficiencia de recursos o al riesgo inminente de una bancarrota que sin duda implicaría, como puede verse, el desmoronamiento nacional, sino al saqueo fiscal a que la paraestatal es sometida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la opacidad extrema en el manejo de sus finanzas y en su relación con el sindicato; al contratismo desmedido con particulares –igualmente opaco– y a aventuras corporativas inexplicables y que causan más daño que beneficio, como el incremento de la participación accionaria de Pemex en la española Repsol. Significativamente, la inversión realizada por la paraestatal para concretar dicha operación sufrió un desplome de más de mil millones de pesos entre agosto de 2011 y abril pasado, como consecuencia de la caída en el valor accionario del consorcio ibérico.
Es sorprendente que, ante este cúmulo de vicios y problemas inveterados y no atendidos, las autoridades federales afirmen que los problemas de Pemex se deben a su condición de entidad paraestatal y al régimen de pensiones de sus trabajadores, como ha sostenido recientemente el director de la compañía, Juan José Suárez Coppel, y que sigan sin mencionar siquiera los problemas de fondo que la aquejan. La actitud omisa del actual grupo gobernante en ese sentido ha sido tan consistente de que resulta difícil atribuirla a una llana ineptitud administrativa: más bien parece que se desprende de un designio por presentar al Estado como intrínsecamente incapaz de administrar a la paraestatal y legitimar, ante la opinión pública, la privatización abierta y generalizada de la industria nacional de los hidrocarburos.
La continuidad, en 2012, del afán privatizador plasmado en la iniciativa de reforma petrolera que presentó Felipe Calderón en 2008 resulta, a la luz de los datos referidos, doblemente riesgosa: implica, desde luego, un riesgo social en la medida en que podría reactivar el amplio rechazo que se expresó hace cuatro años en contra de la iniciativa presidencial, pero también representa un riesgo económico considerable, pues un país privado de un pilar como el que representa Pemex en el gasto público, en la inversión y en el desarrollo nacional vería seriamente amenazada su viabilidad.
