San Cristóbal de las Casas, Chis., 3 de agosto. Los ejidatarios de Tila que se movilizaron en su cabecera municipal y en la capital de la República esta semana tendrán ahora que esperar a que le toque turno a su demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la restitución de sus tierras en el centro urbano de Tila. Que la SCJN no desvíe la justicia de la Unión, sostuvieron ayer desde su propio poblado los manifestantes que no viajaron al Distrito Federal –la mayoría–, y también emplazaron al Poder Judicial.

Sus autoridades ejidales explicaron: El amparo tuvo que llegar en esta instancia porque no quieren dar ejecutoria. La Corte va a dictar resolución ya sea en favor del respeto en nuestro ejido o en contra, dándole garantía a los cuatro responsables de cometer injusticias e ilegalidades en contra nuestra, de la Constitución y de los derechos humanos como pueblos indígenas. Domingo Parcero López y Lorenzo Jiménez Ramírez refirieron que los ejidatarios indígenas luchan contra la ilegal expropiación de 130 hectáreas de nuestras tierras ejidales.

En 1980 el Congreso local legitimó una expropiación, publicada en el Diario Oficial del gobierno de Juan Sabines Gutiérrez, por lo que interpusimos un amparo en 1982, el 259/82. Tuvimos que esperar 26 años para ganarlo. Pero los responsables no quieren obedecer la orden judicial que se emitió desde octubre de 2008.

La expectativa de que la resolución al incidente de inejecución de sentencia en el juicio de amparo promovido por el ejido Tila se dictaría el día 2, se topó con el hecho de que el caso ocupa el lugar 46 en el listado del tribunal pleno, y que el segundo periodo de sesiones públicas de la SCJN, iniciado esta semana, se prolongará por el resto el año. Antes hay amparos en revisión, contradicciones de tesis, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales. Sólo 28 resoluciones previas a la de Tila se relacionan con el fuero militar, por cierto.

Un abogado del Centro Pro consideró que la dilación de la SCJN es un mensaje muy claro de las instancias de administración de justicia que no tiene la sensibilidad de atender el contenido de la demanda ni el grupo social que la enarbola. Este caso es un amparo de una comunidad que por muchas generaciones han luchado por la reivindicación de su tierra y territorio.

Parcero López y Jiménez Ramírez, a nombre de los ejidatarios, adherentes de la otra campaña, señalaron que desde el principio el gobierno no nos consultó para privar nuestros derechos ancestrales tutelados en la Carta Magna, artículos 14 y 16. Señalan haber recibido amenazas, persecuciones, intimidaciones, prefabricación de delitos y secuestros: Ya ha habido muerte dentro del pueblo, que la misma presidencia municipal lo ha cometido. En tanto, las autoridades municipales y estatales han intentado encarcelar a ejidatarios en 2008, 2010 y 2012, acusándolos como agitadores y destrucción a las vías de comunicación, cuando no hemos hecho nada. 

Al sostener su exigencia a la SCJN que respete nuestros derechos en nuestro núcleo de población ejidal indígena, los representantes apuntaron: En nuestro estado la mala política se sigue manifestando en la herencia de los puestos políticos entre familias. Las gentes que están ahí sólo se cambian de puesto. Lo ilustran con lo que sucede en la zona norte de Chiapas: Son personas del grupo paramilitar Paz y Justicia, que en 1996 y 1997 hizo gran masacres, desplazamiento de compañeros y mucha intimidación en el pueblo. Principalmente quieren atacar a los compañeros de la organización zapatista, pero también a la sociedad civil en general. Es decir, han cambiado el nombre de sus organizaciones, quizá mudaron de partido, pero son los mismos.

La movilización de los ejidatarios ha recibido el respaldo de la otra campaña, de organismos de derechos humanos, intelectuales y el movimiento estudiantil. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad apeló a aquella parte del ser humano que habita en cada uno de los integrantes de la SCJN para que tomen conciencia de que tienen en sus manos la oportunidad histórica de asegurarle al pueblo chol el derecho a la vida, a la preservación de su cultura y de su territorio.

Los centros de derechos humanos Frayba y Pro señalaron conjuntamente que la sentencia de amparo protege al ejido contra los actos inconstitucionales realizados por el gobierno y Congreso del estado, respecto de las 130-39-53 hectáreas de la zona urbana (caserío) que ilegalmente se consideró como fundo legal. De la misma manera, contra actos de dominio promovidos por el ayuntamiento y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, al avalar de manera ilegal la compra y venta de tierra ejidal. El juez federal requirió al gobierno del estado y al ayuntamiento de Tila restituir el pleno derecho a la propiedad de las tierras despojadas y la reparación de los daños ocasionados. Sin embargo, las autoridades en mención se han negado a acatar la orden judicial federal, por lo cual son los responsables de la violación a las garantías del ejido.