El general Ricardo Escorcia Vargas denunció durante su toma de declaración preparatoria ante Raúl Valerio Ramírez, juez tercero de distrito en materia penal con sede en Toluca, estado de México, que fue torturado y obligado por personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) a firmar las declaraciones ministeriales en las que supuestamente acepta haber tenido tratos con integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Asimismo, los generales Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe negaron los cargos que se les imputan y afirmaron que nunca han pertenecido a ninguna organización criminal.

Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial de la Federación revelaron que el general de brigada Rubén Pérez Ramírez ha recibido trato de testigo colaborador de la institución que dirige Marisela Morales Ibáñez, con lo cual, a pesar de que existe una acusación por haber cometido delitos contra la salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza, podría recibir una sentencia menor a 10 años de prisión en caso de ser encontrado culpable.

Oficialmente se solicitó información a la PGR, pero la dependencia se ha negado a confirmar si el general Rubén Pérez Ramírez fue detenido y dónde se encuentra. En círculos militares indicaron que hasta hace unos meses Pérez Ramírez estaba adscrito a la primera Región Militar en la capital del país.

Ayer, durante una diligencia realizada en el penal de máxima seguridad del Altiplano (también conocido como La Palma), ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México, se tomó declaración preparatoria a Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, y ex agregado militar de México en Washington; al general Roberto Dawe, ex comandante de la 20 Región Militar con sede en Colima; al general Ricardo Escorcia Vargas, ex comandante de la 24 Región Militar, de Cuernavaca, Morelos, y al teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto, ex director de la Policía Ministerial de Sinaloa, luego que fueron acusados de cometer delitos contra la salud al apoyar el tráfico de drogas que realiza la organización de los Beltrán Leyva.

La audiencia empezó después de las 10 horas y concluyó a las seis de la tarde, cuando los cuatro militares fueron enterados de las imputaciones en su contra y luego rindieron su primera declaración dentro del proceso penal iniciado con motivo de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010.

Los cuatro militares rechazaron los cargos y solicitaron la ampliación del plazo para que se defina su situación jurídica. Así, será hasta el próximo martes cuando el juez Raúl Valerio Ramírez determine si existen pruebas suficientes de la Siedo para acreditar que los inculpados tenían vínculos con grupos criminales y permitieron desde sus posiciones el tráfico de droga.

En el caso del general Ricardo Escorcia, los testigos protegidos identificados como Jeniffer (Roberto López Nájera) y Mateo (Sergio Barragán Villarreal, El Grande) aseguraron al Ministerio Público Federal que el militar les permitía descargar cocaína en el aeropuerto de Cuernavaca y que, entre otras cosas, ordenó al mayor Iván Reyna Muñoz (también acusado de nexos con el crimen organizado) que se reuniera con miembros del cártel y recogiera dinero supuestamente dirigido al general Ángeles Dauahare.

Acerca del general Roberto Dawe, los testigos protegidos y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, le imputan haber intercedido ante el general Rubén Pérez Ramírez en 2007, cuando se desempeñaba como comandante de la Zona Militar en Quintana Roo, para que permitiera el aterrizaje de aviones cargados con cocaína procedentes de Centro y Sudamérica, que operaba Pedro Ramírez Suaza, El Arquitecto, un narcotraficante colombiano.

En tanto, el general Ángeles calificó las acusaciones en su contra de inverosímiles y mentirosas, y dijo estar confiado en que se hará justicia y pronto sea liberado.

Su abogado, Ricardo Sánchez Reyes Retana, declaró que la PGR negó el derecho de una defensa adecuada a su cliente y que está preparado para presentar al juez las pruebas de descargo que demuestren su inocencia.