El Instituto Federal Electoral (IFE) dijo ayer que aún no cuenta con información suficiente para emitir conclusiones en lo que se refiere a eventuales irregularidades cometidas en el gasto de campaña.

Señaló que ninguno de los partidos ha reportado aportaciones realizadas por militantes y simpatizantes; aunque podría pensarse que ello significa que tales aportaciones no existieron, esto no es así, indicó.

Las cifras que se acercarán más a los datos reales, dijo, serán reportadas el próximo 8 de octubre, fecha límite para la entrega del tercer y último informe.

Hasta el momento, la información proporcionada por los partidos en la primera etapa es insuficiente para permitir conclusiones responsables, advirtió ayer el organismo en un comunicado de prensa.

En tanto, el Movimiento Progresista entregó a la Unidad de Fiscalización del IFE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) diversos requerimientos de información acerca del caso Monex, relativos a presunta triangulación de dinero por parte del PRI para apuntalar su estructura de representantes de casilla.

Como pruebas, la coalición de partidos de izquierda llevó a los auditores del IFE una lista integrada con 4 mil 891 nombres de ciudadanos residentes de Tabasco, quienes recibieron la tarjeta Monex Lealtad, del Banco Monex, con la que presuntamente se promovió el voto en favor del candidato priísta Enrique Peña Nieto. Cada uno de ellos, según el Movimiento Progresista, recibió en promedio, durante el 15 de mayo al 30 de junio, 4 mil pesos. En este desahogo de pruebas incluyó grabaciones en las que los involucrados aseguran haber recibido la tarjeta para promover el sufragio en favor del priísta.  

Más tarde, el IFE emitió un comunicado al mismo tiempo en que el tribunal electoral rechazaba la solicitud del Movimiento Progresista para pedirle a esa instancia acelerar sus trabajos en torno a la fiscalización de gastos de campaña, a fin de que emitiera sus resultados antes de que los magistrados califiquen la elección presidencial.

En el boletín advirtió que mientras las investigaciones sigan su curso y en cumplimiento a la ley, el instituto y la Unidad de Fiscalización no podrán emitir información alguna sobre el transcurso de los procedimientos. Reconoció que existe una exigencia legítima de los partidos y sectores de la sociedad para que el proceso de fiscalización se realice con prontitud.

Dijo que el procedimiento de fiscalización anticipada se realiza entre el 30 de marzo y el 27 de junio, en tres etapas que fueron establecidas y conocidas con antelación por los partidos. Para que las conclusiones a que llegue la revisión sean precisas y definitivas, a la Unidad de Fiscalización le resulta indispensable guardar celosamente la evidencia que obtuvo durante las auditorías en campaña, hasta que emita su dictamen y resolución al Consejo General, dijo.

Añadió que el monitoreo de anuncios en espectaculares y en medios impresos, así como las confirmaciones obtenidas de terceras personas, entre otros elementos, serán contrastados con lo que reportan los partidos.