l estallido de una bomba molotov en una sucursal ubicada en la convulsa zona metropolitana de Monterrey (el pasado lunes, específicamente en el municipio de Guadalupe) llevó a la organización Soriana a agregar fuego político a una hoguera electoral de la que, avivándola, pretende ponerse a salvo.

Con una precisión denunciatoria que coincide con las urgencias priístas de montar guillotinas políticas y sociales, la directiva de la cadena de supermercados nacida en Torreón, Coahuila, ha acusado directamente a tres notables personajes de la izquierda electoral de ser una especie de autores intelectuales de delitos consumados y de otros por consumarse.

Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal y Jesús Zambrano son los acusados de generar el ambiente de excitación y división sociales que, a juicio de la mencionada empresa y de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, ha devenido en hechos como el estallido del pasado lunes, en otras formas de obstrucción del proceso mercantil y en acoso y amenazas contra directivos, empleados y clientes de tales grandes almacenes en todo el país. Falta ver si tan contundentes señalamientos se traducen en la apertura de un proceso penal que exija el cumplimiento de diligencias judiciales con la participación de los presuntos responsables. El diazordacismo disponía del adecuado tipo penal, aplicable a discreción de la autoridad, de lo que llamaba disolución social. Los nuevos tiempos regresivos podrían habilitar alguna fórmula que podría llamarse disolución electoral.

La información pública disponible impide establecer mínimos indicios confiables que liguen lo sucedido en la madrugada del pasado lunes en Guadalupe, Nuevo León, con órdenes o inducciones específicas realizadas por los tres denunciados por Soriana. A las 6:40, tres jóvenes, según el reporte oficial, arrojaron bombas molotov que dejaron daños materiales en la Soriana de la colonia Hacienda San Miguel del municipio mencionado, según reporte de la corresponsal de La Jornada, María Alejandra Arroyo. El diario Reforma precisó que fueron dos molotov: una, destrozó uno de los cristales de la entrada principal de la tienda y encontraron rastros de ceniza en el piso cercano al área de cajas, lo que llevó a los policías a hablar de una segunda bomba que no detonó.

Los daños y el atentado son por sí mismos reprobables pero, por desgracia, no constituyen una excepción sino la normalidad cotidiana e impune que se vive en el Nuevo León que desastrosamente tiene a la cabeza al microgobernador Rodrigo Medina. Por ejemplo: unos pocos días atrás se habían producido ataques armados al casino Revolución y a instalaciones del diario El Norte (perteneciente, éste, al grupo Reforma). Y cualquier habitante de esa entidad (en diaria espera de que su presunto mandatario sea retirado del cargo) puede relatar con detalle las constantes acciones violentas de grupos armados contra empresas e individuos, todo con saldos infinitamente más negativos que lo sucedido en la Soriana antes mencionada.

Ni siquiera podría la citada cadena comercial decirse dispuesta a lanzar una alerta nacional, con políticos a denunciar, porque ésta fuera la primera vez que conociera de estos incidentes peligrosos. El 22 de abril del año pasado se lanzaron granadas contra dos agencias distribuidoras de automóviles en Monterrey, hubo ráfagas de balas contra el centro comercial Las Palmas en Cadereyta, provocando la muerte de una persona que pasaba por el lugar y, según en bit.ly/gz2ME1 puede leerse: en la madrugada de este viernes, la fachada del centro comercial Soriana, ubicado en el municipio de Guadalupe en las calles Juárez y Lerdo de Tejada y que se encontraba cerrado a esa hora, fue rafagueada y en el lugar se encontraron al menos 80 casquillos percutidos de rifles de asalto y una granada de fragmentación que no explotó.

Otro hecho de alto nivel abona la sólida sospecha de que los canales judiciales son utilizados desde los poderes formales para amedrentar a opositores y frenar o extinguir procesos políticos relacionados con la conformación del próximo gobierno federal. El caso de los generales sujetos a arraigo con la presunción de que habían protegido actos de narcotráfico pasó a una fase procesal superior, al girarse orden de aprehensión en su contra y ser sujetos a un proceso que teóricamente deberá ser definido de manera soberana por el Poder Judicial de la Federación.

Destaca lo relacionado con el general Tomás Ángeles Dauahare por su apellido de prosapia militar y por el ascendiente que tiene sobre un segmento del mundo verde olivo pero, en especial, porque de esta manera se golpea a una corriente castrense que con la salida del panismo (es decir, con la salida del general Galván de la Sedena, y de Genaro García Luna de la SSP) pretendía influir en el proceso de definición de los sustitutos y, sobre todo, en la redefinición de las líneas de trabajo en esas delicadas áreas.

Mano dura fue aplicada por la administración de Marcelo Ebrard contra los miembros del Frente Amplio Contra la Supervía Poniente de Cuota, que en la madrugada del pasado domingo se opusieron al inicio de labores en la glorieta de Las Quinceañeras. Cristina Barros pregunta y relata: “¿Hasta dónde iremos a llegar? Lo que leerás pasó aquí en el DF. ¿Gobierno de izquierda....? ¿Cuándo harán la autocrítica? Una de nuestras compañeras gritaba cuando la golpeaban las granaderas (que son tremendas, por cierto): ‘¡somos pacíficos!’, y la respuesta con burla fue ‘pero nosotras no’. En otro video alguien dice ‘están golpeando al doctor, es un científico’, y la respuesta de una empleada del GDF fue: ‘es por su bien’. Lindo, ¿no? Y luego salen con que llevaban notario y aquí no pasó nada, en el más puro estilo tricolor. Bueno, en realidad nunca fueron otra cosa ¿o sí?”

Y, mientras montan nuevas acusaciones prepagadas, ¡hasta mañana, con la pieza de 53 metros elaborada en 4.48 minutos en la Feria de la Torta que se realiza en la explanada de la chilanga delegación Venustiano Carranza!

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