18 años del atentado dinamitero que demolió la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA, Buenos Aires, 18/7/94, 85 muertos, 300 heridos), las investigaciones de la justicia son igualmente demoledoras: cero resultados. Nada por aquí, nada por allá, lo más probable es que quién sabe (consultar antecedentes en mi artículo ¿Terrorismo israelí en Buenos Aires?, La Jornada, 6 y 13/9/06).

Desde el primer instante, Israel y Estados Unidos acusaron a Irán del acto terrorista. Sin embargo, y a pesar de las presiones de ambos países, la causa permanece abierta y todo parece indicar que será difícil cerrarla con impunidad similar a la aplicada en el caso de la voladura de la embajada de Israel en la capital argentina (17/3/92, 29 muertos, 242 heridos).

En 2003, el presidente Néstor Kirchner calificó de vergüenza nacional la investigación judicial del caso. Y un año después, el Tribunal Oral de la Corte emitió un decreto sobre las responsabilidades materiales y/o encubridoras del Estado.

Entre los imputados por la justicia destacan el ex presidente Carlos Menem y Rubén Beraja (ex titular de la AMIA que purgó dos años de prisión por quiebra fraudulenta del banco Mayo), el ex juez general de la causa Juan José Galeano, algunos jueces y fiscales, y varios agentes de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), acusados de desviar la investigación.

En enero de 2005, cuando el grupo de presión American Jewish Committee (AJC) se entrevistó con Kirchner, la causa entró en una zona de tiniebla. Dos meses más tarde, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Kirchner reconoció la responsabilidad del Estado. Se trabajó para que las pruebas desaparezcan, dijo. Pero el nuevo fiscal general, Alberto Nisman, fue muy bien recibido por el AJC, Israel, la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

Retomando el cuestionado expediente del destituido juez Galeano (o sea la pista iraní del coche bomba conducido por un chofer suicida libanés que para el Mossad era militante de Hezbolá), Nisman solicitó a Irán la extradición de seis funcionarios, y a Interpol la orden para detenerlos (el ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani, entre ellos).

El gobierno de Teherán respondió: muy bien… ¿dónde están las pruebas? En tanto que Interpol ya había sufrido el bochorno de la detención en Londres de Hadi Soleimanpour, ex embajador de Irán en Argentina, a quien Scotland Yard detuvo y liberó por falta de pruebas.

A inicios de diciembre de 2008, el AJC (cabe recordar que este grupo de lobistas impuso a Irán las sanciones diplomáticas y financieras en el Consejo de Seguridad de la ONU), regresó a Buenos Aires y se entrevistó con la presidenta Cristina Fernández. Y en julio de 2009, el canciller nazisionista de Israel, Avigdor Lieberman, también se hizo presente para participar en el acto conmemorativo del atentado.

Cuando en su discurso frente a la Asamblea General de la ONU (21/9/11), la presidenta Fernández volvió a solicitar la colaboración de Irán con la justicia argentina, un ex legislador y diplomático de Menem (devenido en secretario de relaciones exteriores de un partido de oposición), Diego Guelar, publicó un artículo en el que recomienda la ruptura lisa y llana de toda relación diplomática o comerciales con Irán.

Inquietudes, en suma, que embargan a la comunidad judía argentina. En el acto conmemorativo del pasado 18 de julio, el único orador fue Guillermo Borger, presidente de la AMIA. En tanto, agrupaciones como Memoria Activa, Familiares, o APEMIA (Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune) realizaron sus homenajes con críticas a los dirigentes de la AMIA y la DAIA.

Borger aclaró que el acto no era político. Pero como la presidenta se excusó de participar por su viaje a Bolivia, repudió que el gobierno de La Paz haya recibido con honores al ministro de Seguridad de Irán, reclamado por la justicia argentina. Y con malicia, añadió: Nos sorprende y ofende que algunos defiendan a Irán.

El veto a los familiares de las víctimas en la lista de oradores no fue casual. En el discurso del año pasado habían menudeado las condenas contra el comisario Jorge Fino Palacios (ex jefe de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, actualmente procesado por desvío de la causa), a quien el derechista Mauricio Macri, jefe de la ciudad, pretendía nombrarlo jefe de la policía metropolitana. En julio de 2011, Macri reconoció que la designación de Fino Palacios fue “…por recomendación expresa de la CIA y el Mossad”.

En la opinión pública argentina crece la sensación de que Washington y Tel Aviv han convertido la causa AMIA en un instrumento más en su lucha contra los estados terroristas. Si la Corte declara que no habrá impunidad, el juez Nisman comenta que la gente (sic) ya sabe que pasó con el atentado, o que “… sólo depende de la comunidad internacional, que le debe exigir a Irán…”, etcétera (Télam, 21/6/09).

Resumiendo: si el Estado argentino carga claramente contra Irán, Israel y Estados Unidos lo liberarán de sus responsabilidades criminales y encubridoras. Porque Irán es culpable… ¿verdad?