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El gobierno estatal planea dejar impune el crimen, advierten abogado, activistas y ONG

Impugnan amparo a policías acusados de matar a normalistas de Ayotzinapa
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de agosto de 2012, p. 34

Chilpancingo, Gro., 31 de julio. Dirigentes estudiantiles de la Normal de Ayotzinapa, padres de los alumnos asesinados y la Red Guerrerense de Organismos de Derechos humanos interpusieron hoy un recurso de revisión del amparo otorgado a los policías ministeriales del estado Ismael Matadama y Rey David Cortés, acusados de matar a los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús en diciembre de 2011.

En conferencia de prensa, el abogado Santiago Aguirre Espinosa acusó al gobierno de Ángel Aguirre Rivero de desviar la investigación, pues no ha cumplido una sola de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Hernán Estrada y Diego Castro, del Comité Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, advirtieron que impedirán que los asesinatos queden impunes. La semana pasada un juez federal otorgó un amparo a los agentes acusados, recluidos en el penal de Chilpancingo. Si el recurso procede, quedarían exculpados.

Gabriel Echeverría y María Amadea de Jesús, padres de Gabriel Echeverría, asesinado el pasado 12 de diciembre en la Autopista del Sol México-Acapulco, junto con Alexis Herrera Pino, demandaron al gobernador justicia para su hijo y mostraron fotografías de los policías ministeriales cuando disparaban.

Santiago Aguirre acusó a la procuradora general de Justicia del Estado, Martha Elba Garzón Bernal, de no estar del lado de las víctimas de la represión. Está victimizando a los estudiantes, a pesar de que hay elementos suficientes para que los policías sean juzgados. Es evidente que el gobierno de Aguirre Rivero actuó de manera coyuntural, por eso no hubo una investigación a fondo.

El coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció que hay visos claros de que el gobierno perredista del estado pretende exculpar a los responsables materiales.

Manifestó que no se han atendido las 30 recomendaciones que la CNDH hizo al gobierno del estado, al Congreso local y al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Se está trabajando de manera oficiosa para llegar a la impunidad en este caso, advirtió.