Madrid, 31 de julio. De enero a mayo de este año, con el gobierno del conservador Mariano Rajoy en el poder, se registró la fuga de capitales más alta en la historia del país: más de 163 mil millones de euros, tanto foráneos como nacionales, se fueron a otros destinos más seguros para su inversión.

Este dato confirma la caída en picada de la economía española, que se ha agudizado a pesar de la llegada de la derecha al gobierno y de los severos planes de ajuste presentados bajo el argumento de que se intentaba recuperar la confianza de los mercados y sanear las cuentas públicas.

España ha dejado de ser un destino confiable para los inversionistas, que en los meses recientes han acelerado la retirada del capital que tenían invertido en un país al que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúa como la principal amenaza, junto a Italia, para la economía global.

Los más recientes informes del Banco de España confirman una tendencia de retirada masiva de flujos de capital que ya se prolonga 11 meses, con mucha mayor intensidad a partir de enero pasado, cuando los datos auguraban un eventual rescate bancario, que se confirmó tres meses después.

El dato así lo confirma: en los pasados 11 meses la fuga de capital, tanto extranjero como nacional, ha alcanzado cifras históricas, con un volumen de pérdida para la economía española de 260 mil millones de euros.

La derecha no ha podido

Tan sólo en mayo pasado salieron fondos por 41 mil 294 millones de euros, lo que confirmó que la llegada de la derecha española al poder no ha servido para cambiar la tendencia. Al contrario, la ha agudizado, con 163 mil millones de euros de fuga en cinco meses. Un hecho que se agrava con otros datos, como la continuada recesión de la economía –que según todas las previsiones se mantendrá hasta 2014–, el aumento del desempleo –5 millones 700 mil personas–, el desbordamiento del déficit público a pesar de los duros planes de recortes y la crisis social y política como consecuencia de una de las peores caídas en la historia del país.

Las inversiones directas del exterior en España, por su parte, volvieron a cerrar en positivo al generar entradas netas de 620 millones, lo que, sin embargo, supone 78.7% menos que en abril. Al observar el comportamiento de los inversores extranjeros en este periodo, se detecta que entre enero y mayo se registraron entradas de capital de 9 mil 819.6 millones en inversiones directas, pero salidas de 70 mil 140 millones y 54 mil 139 millones en inversiones de cartera y otras inversiones, respectivamente.

La caída en picada de la confianza en España como un destino para invertir coincidió con una nueva andanada de la prima de riesgo, que volvió a superar los 540 puntos, y con una nueva caída del mercado bursátil. De nuevo por la incertidumbre que sigue imperando sobre el futuro del euro como moneda común y la posibilidad de que España necesita un rescate total, además del financiero, que podría suponer un desembolso de más de 300 mil millones de euros.

La mala situación económica está generando también una crisis institucional y política, con gestos y desencuentros de una aspereza desconocida hasta ahora.

El ministro de Hacienda, el conservador Cristóbal Montoro, protagonizó en el mismo día dos enfrentamientos de calada con los consejeros de Hacienda de Cataluña y Andalucía, dos de las comunidades autónomas con más riqueza y población.

Ambos gobiernos –el catalán de Convergencia i Unió y el andaluz del Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida– decidieron no asistir, el primero, y retirarse de la mesa, el segundo, ante la postura inflexible sobre los plazos para cumplir el déficit público.

Montoro, un político agresivo y con poca capacidad de diálogo, fue duramente criticado por su postura , entre las que destacan el endurecimiento del objetivo de recortar el déficit para las comunidades autónomas del 1.1 al 0,7 por ciento, y que no se haya permitido a las regiones españolas un año más de plazo para cumplir objetivos de los recortes, hasta 2014, como se le ha dado al gobierno español desde Bruselas.

El gobierno de Rajoy únicamente ha logrado el beneplácito de los gobiernos autonómicos en los que está al frente su partido, que son la mayoría, pero que eso no supone una garantía de estabilidad institucional, una vez que las comunidades críticas con la gestión del gobierno son de peso, tanto por tamaño como por población.