El Movimiento Progresista, integrado por PRD, PT y Movimiento Ciudadano, informó ayer que acudirá a las audiencias públicas en el Tribunal Electoral Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para reclamar la invalidez de la elección presidencial y explicar que, constitucionalmente, sí es viable un interinato y convocar a un nuevo proceso, como planteó Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, cuestionó el comunicado donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anuncia que el abogado Maxwell C. Agha abandonó la asesoría legal del empresario José Aquino.

En entrevista, el diputado Jaime Cárdenas, integrante del equipo jurídico de López Obrador, resaltó que con esa postura el tricolor trata de presionar para que la denuncia de Aquino no se tome en cuenta como el origen de la información sobre la triangulación de recursos a la campaña de Enrique Peña Nieto.

Incluso, el propio Aquino dijo ayer en una entrevista de radio que su demanda contra directivos priístas y colaboradores de Peña Nieto continuará aun sin Agha. No pasa nada, existen 400 mil abogados en California y no tendré problema (para) encontrar uno, declaró.

Por su parte, Jaime Cárdenas informó que los abogados del Movimiento Progresista ya han acudido a las audiencias de oídas con magistrados, como parte del juicio de inconformidad interpuesto contra los resultados de la elección presidencial.

Además, vamos a entregar más pruebas supervenientes al tribunal y estamos a la espera de las audiencias públicas que (ese organismo) anunció, donde las partes podremos presentar nuestros argumentos de manera oral, dijo en entrevista.

El ex consejero electoral resaltó la importancia de estas audiencias. En 2006, el tribunal electoral no abrió espacios para presentar argumentos, así que ahora son inéditas y vamos a abundar en el caso de triangulación de recursos a través de Monex y en la entrega de tarjetas Soriana. Y esta es una oportunidad que no vamos a desaprovechar para presentar nuestros argumentos, abundó.

Cárdenas Gracia resaltó que la consecuencia de la nulidad del proceso es la falta absoluta del Ejecutivo y se tendría que convocar a elecciones extraordinarias; desde luego, no habría presidente electo que rindiera protesta el primero de septiembre y el Congreso de la Unión tendría que intervenir para designar a un interino.

Expuso que la Constitución prevé los mecanismos para la designación de un presidente interino por parte del Congreso, y detalló que en este caso se aplicaría la reforma constitucional en materia política, que la Comisión Permanente declaró aprobada hace dos semanas por el constituyente permanente.

Una vez hecha la declaratoria, el Ejecutivo federal no tiene más que publicar el decreto, porque en reformas constitucionales no se aplica el veto presidencial. Y esta reforma ya sostiene el nombramiento de un interino por parte del Congreso, amplió.

Como parte de los alegatos, dijo, se expondrá a los magistrados que no hubo voto libre ni auténtico por la inequidad muy grande en el proceso electoral en favor de Peña Nieto. Existió además compra de votos y hubo un uso político electoral de las encuestas.