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Coatzacoalcos, historia de un ecocidio impune Históricas al margen Correo electrónico: |
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Hace 40 años, Armando Ochoa Solano, entonces joven investigador de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, realizó en el río Coatzacoalcos estudios pioneros sobre la contaminación de dicha cuenca. Ochoa Solano y sus colaboradores mostraron el alto grado de deterioro que allí había, en especial por la presencia de hidrocarburos y derivados. Seguramente esos estudios llegaron a manos de los directivos de la primera empresa del país y a los responsables de cuidar la salud pública. El tema ambiental era entonces algo exótico y los que se atrevían a denunciar lo que ocurría en el país en dicho campo eran con frecuencia tachados en los medios burocráticos y en ciertos periódicos de “amarillistas”. Pocos años después, otros especialistas se ocuparon de analizar lo que pasaba en el Coatzacoalcos y sus áreas ribereñas a raíz de la enorme explotación petrolera puesta en marcha durante el sexenio de José López Portillo en el sur de Veracruz, Tabasco y Chiapas. So pretexto de extraer hidrocarburos y exportarlos a un mercado cada vez más competido, se hicieron obras gigantescas que no tuvieron en cuenta el cuidado del ambiente y los recursos naturales. Si bien aumentó el empleo y las actividades comerciales, dejó mucho qué desear la calidad de vida en las zonas donde tenía presencia Pemex. De todo eso dio cuenta detallada el maestro Alejandro Toledo y quienes con él trabajaron por varios años en el Centro de Ecodesarrollo con el fin de medir el efecto de la explotación petrolera y petroquímica en el sur de Veracruz y Tabasco. Además de revelar el daño en términos ecológicos y sociales, en sus estudios también propuso medidas para fincar una política petrolera acorde con el ambiente, no a costa de él. Lamentablemente, las autoridades hicieron poco caso de las recomendaciones. Pemex era intocable y prioridad nacional extraer a cualquier costo hidrocarburos. Otro trabajo globalizador más reciente es el realizado por decenas de investigadores (coordinado por el doctor Alfonso V. Botello y Susana Villanueva, Jorge Gutiérrez y José Luis Rojas) sobre las áreas costeras nacionales y el cambio climático. En él se muestran nuevamente los daños ocasionados por Pemex y otras empresas en el Golfo de México, por ejemplo, y sus implicaciones futuras. Las sanciones a Pemex no bastan La gran crisis que el país lleva a cuestas desde principios de los años ochenta del siglo pasado se ha dejado sentir de diversas maneras en las áreas petroleras del Golfo de México. Precisamente una de las más afectadas se ubica en el amplio corredor territorial Minatitlán-Coatzacoalcos-Cosoleacaque-La Cangrejera y áreas circunvecinas. Todas esas localidades se encuentran, de alguna manera, influidas por la cuenca del río y las demás corrientes de agua que en ella desembocan. Otras alteraciones al medio ambiente se han registrado en la región del Golfo de Máxico debido a Pemex. Por ejemplo, en los pantanos de Centla, en Tabasco, los más importantes de Mesoamérica, con una fauna y flora únicas en el planeta. Por ello sus 300 mil hectáreas de extensión son oficialmente área natural protegida que exige cuidados extremos y en los que Pemex ha causado daños en diversas ocasiones. Por los daños causados la paraestatal ha sido sancionada. Pero eso no basta: se olvida que lo fundamental es prevenir accidentes y que las tareas de exploración, perforación, almacenamiento y conducción de los hidrocarburos se realicen conforme a normas que impidan afectaciones a la población y al medio. Y que las indemnizaciones vayan efectivamente a quienes han sufrido daños en sus bienes, su salud o su entorno, no a líderes o funcionarios corruptos. Declara y elude responsabilidades A la hora de explicar tragedias ambientales, México demuestra ser un buen ejemplo de surealismo. Cuando el derrame ocasionado en Nachintal (del cual da cuenta Lorenzo Bozada en su texto), el alcalde de ese municipio y el entonces director de Pemex, Luis Ramírez Corzo, reconocieron que no se tienen responsables con nombre y apellidos pero que la explosión en la planta de bombeo que después produjo el derrame de miles de barriles de crudo sobre el río Coatzacoalcos se debió al desgaste de los materiales de la línea de conducción. Otro declarante fue el procurador ambiental, José Luis Luegue, para negar que en Nanchital haya ecocidio, palabra que, aclara el académico panista, no está reconocida por el diccionario de la Real Academia por tratarse de un anglicismo. Una observación al doctor Luegue: sí está en el diccionario y en muchos más, pero no en la sección “Términos inaplicables al gobierno del cambio”. Para el procurador, el derrame no tuvo la mayor importancia en términos ambientales y sobran por tanto las declaraciones en sentido contrario de expertos, grupos ciudadanos y funcionarios. Cerremos el capítulo de las declaraciones con las de quien era gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, cuando ocurrió el grave accidente en Nachintal. El licenciado aclaró que no será “el peleonero de la película”, pues el presidente Fox le prometió pagar todos los daños causados en la zona del Coatzacoalcos, por eso no interpuso denuncia alguna por lo ocurrido y mucho menos se sumó a la petición que algunos hicieron de incrementar las multas a las empresas que por diversas causas atentan contra el ambiente. Según el licenciado Herrera, de ese modo no se “remedian” las cosas, pero él sabe “ser enérgico trabajando, no insultando y descalificando”.
Si no había nombres y apellidos, sí una sólida pista que conduce hasta quienes tienen la obligación de garantizar que la infraestructura para transportar sustancias tan peligrosas como los hidrocarburos se encuentre en las mejores condiciones. Y es que el director de Pemex reconoció desgaste en la infraestructura de transporte y que también falló una bomba que debió de pararse automáticamente al presentarse el problema en el oleoducto en Nachintal. Los dueños de Pemex, que somos todos los mexicanos, no supimos entonces si lo ocurrido se debió a negligencia o falta de recursos. En ambos casos fue clara la responsabilidad de la paraestatal y del ejecutivo federal por no resolver problemas de atención extrema. Y si de falta de recursos se tratara, cabe recordar cómo cientos de millones de pesos de Pemex, es decir, de los ciudadanos, fueron a parar en el año 2000 a la campaña presidencial del candidato del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Francisco Labastida. Y de pasada, según sospecha pública, a las cuentas de algunos líderes sindicales y políticos pertenecientes a dicho partido. Si se investiga con la seriedad debida, se sabrá que muchos otros accidentes ocasionados por Pemex en la cuenca del Coatzacoalcos y afluentes se deben al mal estado de la infraestructura petrolera, lo cual evidencia el incumplimiento de la promesa que hicieron los dos últimos gobiernos, los del PAN: modernizar a la primera empresa del país, liberarla de los vicios y las lacras que se oponen a ello. Comenzando por la corrupción y terminando por hacer transparente la relación con el sindicato. Para Ripley Hace cuatro años, la Global Reporting Initiative le reconoció a Petróleos Mexicanos su transparencia en el tema del desarrollo sustentable. Según el reporte sobre la distinción señalada, Pemex no solamente adopta en ese campo las normas internacionales más estrictas sino que promueve la participación social y de líderes de opinión y expertos en el tema de la sustentabilidad. Además, es la primera compañía en su tipo que recibe tan importante distinción. Pero según las instancias oficiales, los grupos ciudadanos defensores de la naturaleza y las denuncias de las poblaciones donde Pemex tiene presencia, la empresa que el próximo gobierno pretende privatizar, es la que causa el mayor número de daños al ambiente. |
