egún informó la delegación de la Procuraduría General de la República en Sonora, un juez federal dictó auto de formal prisión a nueve personas acusadas de lesiones por omisión culposa en agravio de 10 niños durante el incendio registrado en la guardería ABC –subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)– el 5 de junio de 2009, donde 49 niños murieron y 70 más resultaron heridos. Aunque la dependencia no reveló los nombres de los inculpados, se sabe que la orden de encarcelamiento se deriva de las pesquisas realizadas en contra de niñeras y empleados de dicha estancia infantil, quienes presuntamente abandonaron el inmueble el día de los hechos e incumplieron, de esa forma, con su responsabilidad de salvaguardar a los pequeños.

Es necesario recordar que la tragedia ocurrida en la citada estancia infantil hace más de tres años fue resultado de una cadena de responsabilidades que inician con el afán injustificable de los gobiernos neoliberales de subcontratar a entidades e individuos privados servicios básicos que debieran estar a cargo del Estado y que, en el caso de las guarderías del IMSS, se traduce en detrimento del bienestar y la salud de los pequeños. A ese factor originario se suma una serie de negligencias y omisiones atribuibles, en primer lugar, a los propietarios de la guardería concesionada, pero también a las autoridades locales –que permitieron la habilitación del establecimiento en una zona y un inmueble por demás inadecuados– y al gobierno federal, que es el que cede, por conducto del IMSS, la operación de estos centros a particulares y al que corresponde, por tanto, responsabilizarse de que sean operados en condiciones adecuadas. La conjunción de tales factores en la guardería de Hermosillo terminó por configurar una mezcla trágica que pone de manifiesto el menosprecio del poder público por el bienestar y la vida de la población, particularmente de sus segmentos más vulnerables.

En los casi 38 meses transcurridos desde los hechos, a la imprevisión y la indolencia gubernamentales que dieron pie a la tragedia se ha sumado el desempeño tardío, errático e improcedente de las instancias federales encargadas de conducir las investigaciones sobre el caso y de sancionar a los responsables, elementos que obligan a suponer un designio de impunidad para los presuntos implicados en los lamentables acontecimientos.

En ese sentido, sin desacreditar a priori la presunta omisión culposa en que podrían haber incurrido las nueve personas antes referidas, es inevitable contrastar el auto de formal prisión dictado contra éstas con la inocultable renuencia de los niveles federal y estatal de gobierno a llevar a juicio a los copropietarios de la guardería ABC –entre quienes se encuentran familiares de integrantes del gabinete del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y de la esposa del titular del Ejecutivo federal, Margarita Zavala–, y a hacer lo propio con funcionarios como el ex director del IMSS Juan Molinar Horcasitas, sobre quien recae, cuando menos, una inocultable responsabilidad política por la tragedia, como han insistido los padres de las niñas y niños muertos y como quedó documentado en el referido dictamen de la SCJN.

Tal actitud es consistente con una procuración e impartición de justicia que, hasta ahora, se ha limitado a investigar e imputar penalmente a funcionarios y responsables menores por la tragedia y que ni siquiera ha podido mantener a éstos en prisión.

Al igual que como ocurre con los desastres mineros que cíclicamente se presentan en la zona carbonífera de Coahuila, la ausencia de justicia para las víctimas –ya sea por falta de voluntad política, por designio de complicidad o por simple desinterés– no sólo representa un agravio para éstas y sus familiares, por cuanto cancela la procuración e impartición de justicia, sino que abre también un amplio margen para que ocurran nuevas tragedias. Por elemental congruencia, es necesario que el desempeño de fiscales y jueces en torno al caso ABC se refleje también en las altas esferas del poder público; de lo contrario, persistirá el mensaje de que la justicia en el país sólo se ejerce, en el mejor de los casos, contra los componentes más débiles y menos trascendentes de la ilegalidad.