Lima, 28 de julio. El presidente de Perú, Ollanta Humala, propuso al Congreso reformar la Constitución para reconocer el derecho fundamental al agua, como salida a conflictos sociales que afectan su gobierno, al iniciar el segundo año de su mandato, que coincidió con el 191 aniversario de la independencia peruana.

El mandatario fundamentó su pedido en que su gobierno no permitirá el desarrollo de ningún proyecto extractivo que exponga a la población al desabasto de agua o no tenga estándares de calidad para el consumo humano.

Humala aludió así al principal conflicto que enfrenta su gobierno en Cajamarca, provincia del norte del país, donde la estadunidense Newmont busca poner en marcha el proyecto minero Conga con una inversión de 4 mil 800 millones de dólares.

El proyecto fue rechazado por la población de esa región, que teme que las labores de extracción afecten sus fuentes de agua. El conflicto derivó en enfrentamientos que causaron la muerte de cinco personas en julio.

Humala ofreció que al final de su mandato –cinco años– habrá siete nuevos reservorios de agua para garantizar el aprovisionamiento, y prometió que su administración se esforzará en superar los conflictos sociales que, dijo, ya encontramos cuando llegamos.

Algunos problemas que ha enfrentado Humala están relacionados con la tradicional actividad minera del país.

En su discurso, el mandatario planteó la necesidad de equilibrar la protección al medio ambiente y a la vida comunitaria con la extracción minera formal, que de acuerdo con Humala generará al Estado ingresos por un millón 100 mil dólares en impuestos.

Aunque reconoció que hay retraso en el cumplimiento de metas, por ejemplo el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, dijo que aún es posible reducir de 30 a 15 por ciento el índice de pobreza general.

Destacó la necesidad de hacer un mayor esfuerzo en las zonas rurales, donde seis de cada 10 peruanos es pobre y uno de cada cuatro pasa hambre.

Humala, militar retirado que ha gobernado con políticas moderadas a pesar de que su discurso de campaña fue más radical, solicitó al Congreso le conceda facultades para legislar sobre temas de seguridad pública, crimen organizado y defensa nacional.

“La vinculación del narcoterrorismo requiere acciones integrales y multisectoriales, y las acciones de interdicción han logrado la destrucción de mil 200 laboratorios donde se procesaban drogas”, dijo el gobernante, quien aseveró que su gobierno ha decomisado 183 millones de dólares, derivados del lavado de dinero.