Con procesos judiciales y mercantiles sin concluir, deudas millonarias y diversas irregularidades con costo al erario denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gobierno de Felipe Calderón pretende cerrar la controvertida expropiación de 27 ingenios azucareros decretada en 2001 por su antecesor Vicente Fox, con la venta de los últimos nueve que todavía son propiedad estatal.

Por indemnizaciones y pasivos, el costo fiscal de la expropiación ascendió a 18 mil 81 millones 961 mil 900 pesos hasta 2010, último año auditado por la ASF. De ese monto, 5 mil 776 millones (32 por ciento) correspondieron a los recursos públicos que el gobierno de Fox gastó en la expropiación y los restantes 12 mil 305 millones de pesos son pasivos o deuda acumulados por la Financiera Nacional Azucarera (Fina), en proceso de extinción desde hace una década, precisa el informe de fiscalización de la cuenta pública.

En cuanto a procesos judiciales, la misma Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) reconoce que las personas afectadas por la expropiación demandaron la reversión de la propiedad, en cuyo procedimiento no se ha emitido resolución definitiva por parte de la autoridad competente, según se asienta en el anuncio que el lunes pasado publicó la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Pendientes de resolución judicial

De los 27 ingenios expropiados hace casi 11 años, 14 fueron devueltos a sus dueños por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 4 fueron vendidos entre 2005 y 2011. La ASF sostiene que los nueve ingenios restantes se encuentran en “estado sub judice”, es decir, pendientes de resolución judicial.

Ambas secretarías aseveran que no existe ningún otro procedimiento administrativo o medio judicial que pueda perturbar la propiedad que actualmente ostenta la Nación sobre los nueve ingenios, pero queda pendiente un concurso mercantil. Incluso la SFP acota en el acuerdo publicado que con la finalidad de evitar una contingencia al gobierno federal durante el proceso de licitación o a más tardar en la fecha en que se emita el fallo correspondiente, deberá acreditarse que se ha concluido el proceso de reversión.

José Rubén Treviño, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Azucareras (ANEA), y Juan Carlos Anaya, presidente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), sostuvieron que el gobierno debió resolver y esclarecer primero si el proceso de reversión beneficia a los antiguos dueños o si ya concluyó el concurso mercantil, se declaró la quiebra o se llegó a un acuerdo con los antiguos dueños de los ingenios.

No sabemos si eso ya fue atendido y resuelto. Debe haber transparencia, indicó Anaya. Agregó que las autoridades no deben permitir que un sólo grupo adquiera todos los ingenios para evitar la concentración en el sector y domine la producción y comercialización del azúcar, más aún porque los interesados serán los mismos grupos empresariales que operan actualmente, aunque también organizaciones de productores azucareros quieren participar en la licitación.

Expropiados y privatizados dos veces

En un contexto mundial donde el precio del azúcar alcanzó precios récord en la zafra pasada y los especialistas preven que continué a la alza debido a la severa sequía que afecta a Estados Unidos, los nueve ingenios a privatizarse generan actualmente 27 por ciento de las más de 5 millones de toneladas de azúcar que cada año se producen en México. Pertenecían al Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), cuyo dueño, Enrique Molina Sobrino, huyó del país en el año 2000, acusado de evasión fiscal por 2 mil 700 millones de pesos e incumplimiento de pagos a proveedores.

México es autosuficiente en la producción de azúcar y es el sexto productor mundial de caña de azúcar, pero en sólo 37 años, los ingenios azucareros habrán pasado por dos procesos de expropiación y dos de privatización si se concreta la venta de los últimos ingenios estatales: El Modelo, El Potrero, La Providencia, San Cristóbal y San Miguelito, ubicados en Veracruz; Casasano La Abeja y Emiliano Zapata, en Morelos; así como Atencingo, en Puebla, y Plan de San Luis, en San Luis Potosí.

La mala administración y los graves problemas financieros que presentaban los ingenios azucareros fueron el denominador común para que gobiernos tan dispares entre sí, el del priísta Luis Echeverría Álvarez y el del panista Vicente Fox Quesada, decidieran expropiarlos: los 67 existentes en 1974 y sólo 27 de 36 que había en 2001, respectivamente.

Autoridades y empresarios niegan que la expropiación sea un rescate, similar al de las carreteras y bancos, con el propósito de sanear las finanzas de los ingenios a costa del presupuesto público para después devolverlos al sector privado.

No obstante, en la oleada de privatizaciones de empresas públicas que realizó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se incluye la venta de los 52 ingenios de entonces y que operaban con números negros. Uno de los beneficiarios fue justamente Molina Sobrino, al grado que llegó a controlar 30 por ciento del mercado del azúcar. Junto con otros negocios, como ser dueño de la embotelladora más grande de Pepsi Cola en el mundo o copropietario de Banpaís cuando se privatizó la banca, Molina Sobrino acumuló una fortuna de más de mil millones de dólares que lo hizo ingresar al listado de los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes.

Negocios en marcha: Sagarpa

La historia de mala administración de los empresarios se repitió y al iniciarse el siglo los ingenios acumulaban una deuda de 2 mil 500 millones de dólares con la estatal FINA, que les otorgaba créditos.

Así, recurriendo al argumento de utilidad pública para salvaguardar la producción y abasto de azúcar y los empleos de los trabajadores cañeros, Fox decretó la expropiación de 27 ingenios que pertenecían a Caze, al Grupo Azucarero México, Grupo Santos y Grupo Machado, mismos que siguen en el mercado.

Todas las empresas interpusieron amparos y el caso llegó hasta la SCJN, que ordenó la devolución de 14 al considerar que el gobierno no probó las causas de utilidad pública. En 2004 se devolvieron cuatro ingenios a sus dueños originales, nueve en 2006 y otro más se entregó en junio de 2011.

“De los 13 restantes uno fue vendido en 2005 y otro en marzo de 2010, pero de los nueve ingenios de Caze no se ha terminado su situación, debido al estado sub judice en que se encuentran”, puntualizó la ASF en su más reciente auditoría sobre el caso.

Desde su inicio, el gobierno del presidente Calderón se pronunció por devolver los ingenios al sector privado, pero el caso se demoró por los procesos judiciales. Ahora, a cuatro meses de que finalice el sexenio, pretende rematar los nueve restantes.

En un oficio del 4 de julio de 2012, Sagarpa manifestó que en este momento el sector azucarero presenta buenas oportunidades de negocio, por lo que ha estimado conveniente llevar a cabo la venta de estas unidades industriales considerándolos negocios en marcha para recuperar lo erogado por la indemnización de la expropiación, según se publicó en el DOF del lunes pasado.