La Secretaría de Economía (SE) clausuró de manera temporal el pozo de carbón La Escondida, donde el martes pasado murieron siete mineros en una explosión provocada por acumulación de gas metano; la dependencia advirtió, no obstante, que la medida puede derivar en la cancelación de la concesión.

Mediante un comunicado, Economía detalló que al inspeccionar el pozo –ubicado en el municipio de Múzquiz, Coahuila– las autoridades laborales determinaron que se incumplió con la normatividad en materia de seguridad para minas subterráneas de carbón.

Dichas autoridades informaron a la dependencia, por lo cual procedió de conformidad con la Ley Minera y su reglamento a sancionar con la suspensión temporal y definitiva la ejecución de obras y trabajos de exploración y explotación mineros en la concesión mencionada.

Lo anterior, aclaró la dependencia, sólo representa el inicio de un procedimiento que podrá concluir con la cancelación de la concesión minera.

Sin embargo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó desde el día del siniestro que dicha mina había sido clausurada anteriormente por carecer de salida de emergencia.

La concesión de La Escondida pertenece a la compañía minera El Progreso, propiedad de Federico Quintanilla Riojas, quien fue alcalde del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Progreso, uno de los municipios ubicados en la zona carbonera del estado de Coahuila, como informaron en la edición del jueves pasado los corresponsales de este diario.