nsólito, pero el tribunal electoral pidió al IFE que, a la de ya, le envíe información relacionada con las indagatorias que realiza la unidad de fiscalización acerca de presuntas irregularidades de gastos de la campaña del priísta Enrique Peña Nieto, y para ello al instituto le dio un plazo de apenas 48 horas. ¡Qué falta de respeto para la autoridad electoral!, pues el esforzado consejero presidente Leolerdo Valdés Zurita ya había fijado fecha para entregar los resultados de esa investigación: enero de 2013, es decir, un semestre más adelante, con el cochinero ya cocinado y más de un mes después de estrenar inquilino de Los Pinos, o lo que es lo mismo con la cereza coronando el pastel del proceso electoral ejemplar (el propio Leolerdo dixit), el cual, dicho sea de paso, arroja una fetidez digna de una cloaca.

La semana que concluye ha sido pródiga en ejemplos sobre cómo procede la autoridad (sea esta federal, estatal, municipal o electoral) cuando ve en riesgo el status quo: entre ellos, el voluminoso lavado de dinero en HSBC y el veloz carpetazo de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la (evitable) muerte de siete mineros en Coahuila, en la que está involucrado un ex presidente municipal priísta, y las inspecciones de la Secretaría del Trabajo en las zonas carboníferas, que nadie registró y que, de ser ciertas, nada evitaron; el cerco a Televisa y la solícita protección brindada por Marcelo (2 mil policías acordonaron la fábrica de sueños, cuando en las zonas de mayor índice delincuencial no aparece ninguno) y, para colmo, nuevas pruebas en contra del cochinero electoral, las cuales tienen menor difusión en los medios que los acalorados cuan cínicos boletines de prensa del PRI en defensa de las instituciones.

La autoridad nunca tiene prisa, salvo cuando se trata de esconder pruebas y lavarse las manos. Un día sí, y el siguiente también, el peje candidato presenta nuevas pruebas sobre el cochinero priísta en el proceso electoral (mientras, al candidato copetón lo tienen entre algodones, no vaya a ser que meta la pata, una vez más), y a estas alturas, en un país civilizado, la autoridad tendría que haber documentado y entregado al citado tribunal la relación detallada de los movimientos financieros de Monex y Soriana a favor de Peña Nieto, el voluminoso gasto en espectaculares, el grueso inventario de tarjetas prepagadas, el balance de las erogaciones de la campaña tricolor, la inyección de capital privado para apoyar al copetón, la procedencia del dinero en efectivo repartido a lo largo de noventa días de campaña, la participación de los gobiernos estatales, etcétera, etcétera. Pero nada de nada, porque en el IFE no despiertan del sueño ejemplar, y en el mejor de los casos declararía que las elecciones de 2012 fueron un cochinero sin cochinos, tal y como sucedió en las de 2006.

Casi un mes después de la denuncia original –presentada antes de los comicios del 1º de julio– la autoridad ha invertido más tiempo y esfuerzo en esconder, distorsionar, desestimar o de plano desaparecer el cúmulo de pruebas contra el cochinero comicial, que en transparentar el proceso electoral y pronunciarse en consecuencia. Largas y más largas, es lo único que da. Por ejemplo, si Leolerdo hiciera el trabajo que le corresponde, en lugar de defender histéricamente a la dupla encuestadoras-empresas mediáticas, tal vez se estaría hablando de otra cosa, y otro fuera el rumbo. Pero no, el susodicho deja para enero de 2013 el resultado de la investigación (incluso mucho después de que el tribunal electoral se pronuncie), se aferra al idílico calificativo por él difundido el 1º de julio (elección ejemplar e histórica), y no se sale un milímetro del guión, por mucho que la credibilidad del IFE esté nuevamente en entredicho (Luis Carlos Ugalde, reloaded) y la estabilidad nacional en juego.

Cómo estará la cosa, que hasta los magistrados reclaman y muestran impaciencia. La información dice así: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pidió al Instituto Federal Electoral le envíe información relacionada con las indagatorias que realiza la unidad de fiscalización acerca de presuntas irregularidades de gastos de la campaña del priísta Enrique Peña Nieto. El IFE deberá entregar este reporte al tribunal en un plazo de 48 horas, contado a partir del momento en que reciban el documento de los magistrados.

Lo anterior se deriva de una petición del Movimiento Progresista para que el IFE realice y/o concluya las investigaciones pendientes y subsane inconsistencias. En un documento del tribunal electoral, con fecha 26 de julio de 2012, se precisa que los magistrados que integran la comisión calificadora de la elección presidencial (Constancio Carrasco, Flavio Galván y Salvador Nava), recibieron la solicitud del Movimiento Progresista el pasado 23 de julio, en la cual exigen se realice esta petición al IFE (excitativa). Con base en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y el reglamento interno del tribunal electoral, los magistrados acordaron la recepción del escrito de la coalición de partidos de izquierda y dar trámite a la petición de información para que el consejo general, el secretario ejecutivo y la unidad de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, todos del IFE, realicen y/o concluyan las investigaciones y subsanen inconsistencias en el trámite de los procedimientos administrativos sancionadores electorales de su conocimiento, así como asuntos vinculados, respecto de los cuales refieren, no ha recaído de resolución alguna (La Jornada, Fabiola Martínez).

Y la autoridad debe espabilar, porque va tomando forma la alternativa planteada por el peje candidato: hay suficientes pruebas para declarar la invalidez de la elección presidencial, nos preparemos para un presidente interino y se convoque a nuevos comicios. No debe causarnos ninguna inquietud, lo resiste el país. Es preferible lograr un acuerdo de carácter político para que el Congreso, con base en sus facultades constitucionales, nombre Ejecutivo interino y se llame a una nueva votación para elegir a un presidente que concluya el sexenio. Un interinato no provocará una crisis política. Les aseguro que nos va a ir peor como nación si hay impunidad, si se decide que haya un presidente que asuma el cargo violando la Constitución y que llega a ese cargo comprando la Presidencia.

Las rebanadas del pastel

Y para un buen fin de semana, dos documentales de primera: Catastroika y Deudocracia (www.youtube.com/watch?v=EIl7Jw-gCkc y www.youtube.com/watch?v=CyEgZtMEzeM, respectivamente). Cualquier parecido con el caso mexicano, de ninguna manera es coincidencia.

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