o que se está viviendo en México con las elecciones, documentado en las múltiples impugnaciones de que han sido objeto, es muestra, para un gran porcentaje de la población, de abuso de poder: de poder económico, de poder mediático, de poder institucional, para favorecer a candidatos que preserven los privilegios económicos de esos mismos poderosos. A la gravedad de los acontecimientos, se agrega el hecho de que para mucha gente la impostura democrática pierde su sentido integrador. Ni siquiera el acto simbólico de votar (con su correlato subyacente de que los desposeídos se sientan de alguna forma parte del sistema) es respetado, por lo que la exclusión es total y generadora de alta tensión.

Este notorio abuso contra las mayorías, es un ejemplo claro de desviación de poder, tal como ha sido conceptualizado y presentado por más de 300 organizaciones y movimientos sociales de México ante el internacional Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), como eje de su demanda contra el Estado mexicano. Desviación de poder, definen, es la utilización de la ley para impedir el acceso a la justicia; es el Estado usando sus atribuciones y poderes para beneficiar intereses particulares que son contrarios y perjudiciales al interés general por el que debería velar.

Esto se manifiesta ciertamente en los fraudes electorales, que son parte de una trama temática e histórica mucho más vasta y compleja.

El TPP México se inauguró públicamente en octubre de 2011 y tendrá una serie de audiencias hasta 2014. El título general de la demanda Libre comercio, violencia, impunidad, y derechos de los pueblos engloba siete audiencias temáticas: guerra sucia, impunidad y falta de acceso a la justicia; feminicidios y violencia de género; migración y desplazamiento forzado; violencia contra las y los trabajadores; violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía; devastación ambiental y derechos de los pueblos; desinformación, censura y violencia contra comunicadores.

En la primer audiencia general introductoria realizada en Ciudad Juárez del 27 al 29 de mayo, unos 300 representantes de las siete audiencias hicieron un resumen de la temática a desarrollar hasta 2014, constituyendo un mapa e historia colectiva del país desde abajo, que se seguirá detallando y enriqueciendo. El jurado internacional que acudió a oír las demandas, junto al secretariado internacional del TPP, cuya sede está en Italia, hizo un dictamen recogiendo los testimonios y manifestando sus conclusiones. (Disponible en www.tppmexico.org)

El jurado destacó la calidad, riqueza informativa, precisión de datos y lucidez que han caracterizado las presentaciones y la documentación recibida. En la sistematización de lo presentado, el dictamen constata que, a partir de la información de los siete ejes temáticos, se conforma un escenario sistémico de una situación-país con raíces ya presentes en los años 60, con una evolución de prácticas estatales de violación de derechos humanos y constitucionales (años 70 y 80), y una aceleración e intensificación dramática con la firma de tratados de libre comercio (años 90), de hechos y normas que han producido un empeoramiento progresivo de las condiciones de vida y de acceso, por parte del pueblo mexicano, a las medidas de protección jurídica frente a la violación de derechos. México es el país que ha firmado más tratados de libre comercio en el mundo, con consecuencias devastadoras para su población, ambiente y economías locales.

En particular, continúa el dictamen, se desplegaron una serie de “…estrategias económicas, sociales y represivas (con agravación especial contra los pueblos indígenas originarios). Impresiona al TPP (…) la percepción de una planificación cuyo objetivo fue la imposición violenta de una lógica de gobierno y de organización social, en la que los derechos de las personas (como individuos y como grupos) se transforman en variables dependientes (y por esto absolutamente marginales y desechables) de las prioridades inviolables de los intereses económicos privados, nacionales e internacionales.”  

El jurado señala que los ejemplos de ataques al maíz y a la soberanía alimentaria, así como de devastación ambiental, ponen en evidencia un ataque sistemático y estructural a la cultura, identidad y futuro de los pueblos de México. Además, agrega, “se reconocen, agudizadas, las peores situaciones institucionales (de violaciones y violencia contra los pueblos)… en una política disociada del Estado mexicano, que suscribe todos los tratados y obligaciones para después incumplirlas”.

Señalan también que los testimonios muestran que México tiene un rol central en los mercados de ilegalidad de todo tipo, desde el narcotráfico hasta las armas, pasando por el comercio de seres humanos. De los 22 campos de ilegalidad establecidos por Naciones Unidas, México está presente en 21.

Antes de expresar las manifestaciones y recomendaciones del jurado, dignas de una mención aparte, el TPP concluye El derecho es complejo, dinámico y contradictorio. Por un lado, es una parte del poder del Estado que puede ser utilizado a favor del pueblo, en cuyo caso puede hablarse de un Estado de derecho. Pero en México no existe tal Estado de derecho. Hay, en cambio, una desviación de poder: la ley se usa deliberadamente para favorecer a los ricos y poderosos, incluyendo las megacorporaciones, sean extranjeras o nacionales. Al mismo tiempo, y necesariamente, porque el sistema del capitalismo neoliberal lo requiere, el derecho es un instrumento importante para el control, la represión y la explotación de la población.

*Investigadora del Grupo ETC