La CIDH las exigió hace días en favor de mil pobladores, según ONG
Sábado 28 de julio de 2012, p. 33
Oaxaca, Oax., 27 de julio. Organizaciones civiles de Oaxaca denunciaron que el Estado mexicano se niega a adoptar cuatro medidas cautelares en favor de más de mil pobladores de las comunidades Santo Domingo Ixcatlán, Zimatlán de Lázaro Cárdenas y Valle del Río San Pedro, así como a 10 habitantes de Zapotengo, San Pedro Pochutla, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes acusó que la titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Omeira López Reina, convocó al diálogo a los beneficiarios y familiares de las víctimas, el miércoles pasado en el palacio de gobierno de esta capital, para acordar la aplicación de las medidas cautelares, pero suspendió intempestivamente su realización casi al llegar la hora pactada.
En conferencia de prensa, expuso que el gobierno federal demuestra así su desdén, desinterés y negligencia, así como falta de sensibilidad ante temas trascendentales protegidos por el derecho internacional humanitario, como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y el desplazamiento de pobladores por conflictos agrarios a otras comunidades.
La CIDH otorgó medidas cautelares para todos los pobladores de Santo Domingo Ixcatlán debido a la denuncia de asesinatos ordenados por caciques priístas; en Zimatlán de Lázaro Cárdenas por un conflicto agrario con su vecino Santa Lucía del Monte Verde, lo que ha causado desapariciones forzadas y desplazamiento de habitantes, y a Valle del Río San Pedro por los constantes homicidios. Mientras a 10 habitantes de Zapotengo por estar desaparecidos en Tamulipas. Todo ha ocurrido entre los años 2010 y 2012.
Arrestan a manifestante en Juárez
En Ciudad Juárez, Chihuahua, durante un plantón de madres de mujeres desaparecidas frente a la Fiscalía General del Estado zona norte que conmemoraban el cumpleaños número 22 de Idaly Huache Laguna, extraviada en febrero de 2010, un familiar de ella, identificado sólo como Marcos, fue detenido por agentes ministeriales acusado de pintar el piso de la explanada donde exigió justicia. Treinta minutos después fue liberado.