Saltillo, Coah., 26 de julio. Si en los meses recientes alguien ha pugnado por la regularización de las empresas mineras de Coahuila, por la seguridad de los trabajadores y la cancelación de pozos de carbón que funcionan de manera ilegal, ha sido el gobierno del estado, según el mandatario estatal Rubén Moreira Valdez.

Dijo que ha pugnado ante el gobierno federal para que acabe el clandestinaje y las irregularidades en la explotación minera del estado.

Nosotros no podemos ir a revisar una mina, porque es jurisdicción federal; hemos coadyuvado con autoridades federales y hay avances, pero evidentemente falta mucho por hacer, anotó.

Consideró que las autoridades federales deben intervenir en los centros de trabajo donde se explota el carbón de forma clandestina, los trabajadores no están incorporados al Seguro Social e ingresan a las minas sin equipo de seguridad adecuado debido a que los pozos están en poder del crimen organizado.

Citó el caso de un pequeño yacimiento en la comunidad San Felipe El Hondo, cerca de Sabinas, Coahuila, donde dos trabajadores murieron el 18 de mayo pasado. Ese pozo estaba bajo control de grupos de delincuentes, aseguró.

En ese accidente murieron los mineros Raymundo Zavala, de 56 años, y Reyes Julián Rodríguez, de 20. La tragedia ocurrió cuando un martillo manual perforó una pared y del otro lado estaba un venero. La excavación se inundó y los trabajadores se ahogaron; sin embrago, los encargados de la mina notificaron a las autoridades un día después.

Después de ese suceso, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, denunció que en la región carbonífera de Coahuila hay “un descontrol total de la Secretaría de Trabajo sobre la operación de los pocitos mineros” y que la negligencia, corrupción y actos de omisión equivalen a muertes en las minas.

Este jueves el gobernador priísta se trasladó a la comunidad de Mineral Palaú, municipio de Múzquiz, para acudir a los funerales de los siete mineros fallecidos el miércoles tras una explosión en un pozo de la Compañía Minera El Progreso. Aseguró que existen pozos en los que los representantes del gobierno federal han sido echados porque están bajo el dominio del crimen organizado y no pasa nada.

Al respecto, el secretario de seguridad social y previsión del Sindicato Nacional Minero, Tomás Hernández, dijo a La Jornada que existe colusión entre autoridades estatales y empresarios mineros para permitir que los pocitos operen de forma clandestina.

Propuso la creación de un grupo donde autoridades estatales, Instituto Mexicano del Seguro Social, Protección Civil y las secretarías federales de Economía, Gobernación y Energía, se desplieguen en la zona para verificar las condiciones en que operan las compañías mineras.