La Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de Gobernación que se establezcan medidas preventivas de protección en defensa de la comunicadora Sanjuana Martínez y de sus hijos, a fin de garantizar su integridad física y sicológica frente a los actos de abuso de autoridad y de intimidación ocurridos el pasado 5 de julio, en el estado de Nuevo León, y que se investiguen los hechos denunciados.

Asimismo, demandó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que realice una investigación respecto al operativo policiaco con uso de armas largas en contra de la comunicadora Sanjuana Martínez para un acto administrativo en presencia de menores.

De igual forma la Permanente se sumó a la condena que hizo la Sociedad Interamericana de Prensa por el uso excesivo de la fuerza pública contra la periodista y refrendó su compromiso por garantizar el derecho constitucional de libertad de expresión y la protección de los periodistas en México.

En el dictamen que se aprobó primero en comisiones y luego ante el pleno de la Permanente, se refiere que el pasado 5 de julio se llevó a cabo la detención de la comunicadora Sanjuana Martínez en su domicilio, en donde tres elementos de la policía municipal de San Pedro Garza, Nuevo León, con amenazas y amagos de armas largas la subieron a la patrulla 206. Sin decirle el motivo del arresto y sin mostrarle orden de aprehensión los policías la trasladaron a un lugar de confinamiento. Luego, a la abogada de la periodista se le presentó una orden de aprehensión girada por la jueza Luz María Guerrero Delgado, del juzgado quinto de lo familiar de San Pedro.

El motivo fue que el juez español Carlos Castresana interpuso una demanda para quitarle a sus hijos. Martínez tiene en curso un proceso de divorcio, por lo que es ilegal, de acuerdo con las leyes de Nuevo León, que se reclame a los hijos hasta que esa situación no esté terminada. De acuerdo con los luchadores sociales que llevan el caso de la periodista, la jueza Luz María Guerrero, del juzgado quinto de lo familiar, de San Pedro, Nuevo León, es la misma que ordenó en septiembre de 2008 el allanamiento del albergue para mujeres víctimas de violencia física Alternativas pacíficas, también en San Pedro, de donde se llevaron a los menores de edad. En esa intervención las autoridades judiciales de esa entidad incluso se llevaron secuestrada a la directora de esa ONG María del Mar Álvarez Morales.

El diputado Julio César Aguirre Méndez, del PRD, presentó el punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad en el que resalta que frente a un acto administrativo policías encapuchados con armas largas entraron con uso de violencia y amenazas a la casa de la periodista, con conocimiento de la presencia de menores de edad intimidaron a su madre para luego separarlos en medio de gritos y de llanto de los menores, para luego ser trasladada bajo fuertes amenazas, como citó la afectada.