La Procuraduría General de la República (PGR) dejará en manos de los jueces federales la valoración de testimonios y pruebas obtenidas en contra de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González para someterlos a proceso penal por delincuencia organizada. Según la versión, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), durante 70 días de arraigo, en las diligencias realizadas se han encontrado elementos indiciarios de responsabilidad contra los tres militares, revelaron funcionarios de la institución.

De acuerdo con la información obtenida, ninguna autoridad judicial ha suspendido ni suspenderá el arraigo al que están sometidos desde mediados del mes de mayo, y la próxima semana podrían solicitarse las órdenes de aprehensión correspondientes en contra de los tres militares.

Las fuentes consultadas señalaron que para evitar críticas a su actuación o que se considere que se trató de un caso con tintes políticos, la Siedo ha desahogado ya varias de las diligencias solicitadas por la familia del general Tomás Ángeles, entre ellas solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores un informe de los movimientos financieros realizados por el ex subsecretario de la Defensa Nacional y su familia; igualmente, que se corrobore con el Instituto Nacional de Migración sus entradas y salidas del país en fechas en las cuales supuestamente se habría reunido con integrantes del crimen organizado, entre ellos Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, uno de los líderes del cártel de Juárez, y también con miembros de Los Zetas, como Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40.

Sin embargo, señalaron los funcionarios entrevistados, muchas de las peticiones de información que podrían aportar o desmentir los vínculos del general Ángeles Dauahare con miembros del crimen organizado co- mo los Beltrán Leyva, serían integradas al expediente al concluir el plazo del arraigo.

En tanto, el fiscal del caso Jorge Francisco Rubio Salgado redobló su seguridad ante el supuesto temor de sufrir un atentado, debido a que entre otros asuntos tiene bajo se tutela las indagatorias que se relacionan con los militares y con lo ocurrido el pasado 25 de junio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y en lugar de utilizar una unidad blindada y dos escoltas como otros agentes del Ministerio Público que tienen asuntos considerados relevantes, lo protegen ocho policías federales y utilizan tres camionetas en sus traslados, indicaron funcionarios de la PGR.