Este jueves los académicos sindicalizados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que desde el martes tomaron el Museo Nacional de Antropología, dieron a conocer un documento de cinco puntos que piden sea firmado por el titular de la Secretaría de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos.

Entre los puntos se encuentran la necesidad de un manejo transparente del presupuesto y las asignaciones; acordar que no se hagan espectáculos cívico-culturales en zonas arqueológicas, basados en la Ley de Bienes Nacionales, pues ningún inmueble puede ser concesionado o dado en permiso.

También: no dar prioridad a la construcción de museos en esos lugares prehispánicos, que son museos en sí mismos, ya que el visitante lo que necesita es una explicación clara del lugar; y que se respete lo que los arquitectos han establecido como marco de referencia institucional para la acción en monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos.

Muchas ocurrencias

Respecto de la transparencia en el manejo de los recursos, el historiador Felipe Echenique, secretario general del sindicato de académicos, dijo que se deben exhibir las cuentas de cómo se hace el planteamiento del proyecto institucional para los recursos que se le asignan cada año al INAH, dirigido por Alfonso de Maria y Campos.

De igual modo, agregó, se debe saber en qué áreas de la investigación, conservación, restauración y difusión realmente se ocupan esos recursos y quiénes autorizan los proyectos, todo ello en consenso con los trabajadores.

Muchos proyectos son ocurrencias del director general, de Nelly Robles, coordinadora nacional de Arqueología, o de quienes ocupan las coordinaciones, comentó Echenique.

Y como ejemplos entre muchos casos mencionó la destrucción de las zonas arqueológicas de Tzintzuntzan, Michoacán, o de Atzompa, esta última en Montealbán, así como las irregularidades para la construcción de una tienda Soriana en el área de monumentos históricos de Huamantla.

“Tenemos que tener criterios básicos, consensuados con los funcionarios, para que no se pueda hacer esto, para que, por ejemplo, la dirección general no pueda tener sus proyectos sin el acuerdo y concurso del conjunto de los especialistas del instituto. Son cosas posibles, bastante realistas y que deben ser solucionadas por la vía institucional.

Queremos ordenar al INAH, que es lo que no ha hecho De Maria y Campos. Lo que ha hecho es desregular este INAH institucional para sembrar su INAH administrativo y de explotación comercial. Se debe respetar la ley, porque no estamos para interpretarla sino qué permite hacer.