El titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, resaltó ayer la importancia de construir un acuerdo político con legisladores y organizaciones sociales para tener una ley de víctimas que realmente beneficie a los afectados y no les haga pasar un viacrucis burocrático.

En conferencia de prensa, el secretario evitó responder a las reiteradas preguntas acerca de si se retirará la controversia constitucional presentada por el gobierno federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sólo mencionó que el propósito de todos es tener una norma que funcione.

Cuando lleguemos a un acuerdo no solamente del contenido, sino del formato para procesar ese nuevo instrumento, se hará público, pero lo fundamental es contar con el instrumento. No puede haber caldo de pollo si no hay pollo, puntualizó.

El secretario de Gobernación señaló que como estaba la ley representaba un riesgo para los afectados, pues implicaba pasar por un viacrucis burocrático para que a las víctimas se les reconociera como tales y que no se les diera el servicio social que requirieran en los municipios.

El funcionario defendió la actuación gubernamental en el caso: Nosotros entregamos las observaciones al Congreso en la fecha que nos los permite la legislación, pero será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decida si las observaciones correspondientes se hicieron en tiempo y forma”.

En otro tema, Poiré Romero urgió a los gobiernos estatales a acelrar la depuración de los elementos policiacos que no aprobaron las pruebas de confianza, ya que no puede permitirse que un servidor público vinculado a la delincuencia o con un modo de vivir que no es consistente con su historia laboral tenga en sus manos la seguridad pública.

Tenemos que separarlos de la fuerza policiaca y ese es un esfuerzo costoso, pero tiene que ser un esfuerzo permanente. Destacó que en algunas entidades se ha avanzado con celeridad pero hay que apretar el paso.

Durante la conferencia de prensa, realizada en la sede central de Gobernación, anunció que el 2 de agosto se efectuará la 23 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la que se analizará el avance en la implementación del nuevo sistema de justicia penal y en la aplicación de controles de confianza.

También se buscará un acuerdo para integrar de manera permanente a cinco representantes de la sociedad como invitados a las sesiones del consejo.