La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer la muerte de Juan Pablo Pérez Santillán, mexicano que fue encontrado sin vida tras un incidente con agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en la región entre Matamoros, México, y Brownsville, Estados Unidos.

En un comunicado, la CIDH manifestó que observa con suma preocupación que esta no es la primera vez en que se dan incidentes de esta clase, en los que se señala que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales que se encargan de ejercer funciones de control migratorio en la frontera entre México y Estados Unidos.

Precisó la CIDH que ha recibido información que refieren otras muertes a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se habrían dado como consecuencia del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, tales como los casos de Anastasio Hernández Rojas y el joven, que tenía 15 años al momento de su muerte, Sergio Adrián Hernández Güereca.

La CIDH urgió a las autoridades de Estados Unidos a que se investigue si la muerte del señor Santillán fue a consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, así como sancionar a los responsables que se determinen en el curso de las investigaciones.

De igual forma la CIDH reitera que es obligación de Estados Unidos respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, sin distinción de su calidad migratoria. Tal como se manifiesta en su Informe sobre inmigración en Estados Unidos. Detenciones y debido proceso, la comisión considera de suma gravedad la información sobre muertes de inmigrantes que al intentar pasar la frontera son interceptados por agentes de inmigración por medio del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.

Felipe González, relator de la CIDH sobre derechos de los migrantes, expresó que “en el contexto actual, es sumamente preocupante que algunos estados recurran a medidas que responden a un enfoque de criminalización de la migración irregular, adopten leyes que van directamente en contra de los derechos de los migrantes y más aún que permitan la utilización de perfiles raciales en sus operativos de control migratorio”.

Abundó el relator que independientemente de cuál sea su calidad legal los migrantes, como cualquier otra persona, son sujetos de derechos humanos, respecto de los cuales Estados Unidos está obligado a respetar y garantizar sus derechos. A su vez, en el contexto de cualquier acción de control migratorio, los estados tienen la obligación de garantizar que sus autoridades respeten los derechos a la vida y la integridad física y sicológica de los migrantes que se encuentren bajo su jurisdicción, indistintamente de cuál sea su situación migratoria.