La comisión de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la demanda de controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo en contra de la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, relacionada con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el cual se expide la Ley General de Víctimas.

En un comunicado, la comisión, integrada por los ministros Sergio Valls Hernández y Fernando Franco González, informó que la controversia constitucional 68/2012 fue admitida a trámite, luego de que la interpuso el consejero jurídico del Poder Ejecutivo federal, lo cual suspende la entrada en vigor de la ley.

Con fundamento en los artículos 56 y 58 del Reglamento Interior de la SCJN, se afirma en el documento, la comisión de receso admitió la controversia al haber sido presentada por un órgano legitimado de forma oportuna y no advertirse motivo notorio y manifiesto de improcedencia.

Sin embargo, aclara que la resolución de dicho trámite no significa que esté prejuzgando la constitucionalidad de los actos impugnados.

Que resuelva ya

Senadores y diputados del PRI y el PRD consideraron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver a la brevedad la controversia constitucional presentada por el presidente Felipe Calderón en contra de la Ley General de Víctimas, ya que el recurso del Ejecutivo sólo se refiere al proceso para la promulgación de esa norma, no a su contenido.

La determinación de los ministros Sergio Vals y Fernando Franco, de dar entrada a la controversia y suspender la publicación de la ley, aún no se había notificado anoche a la directiva de la Comisión Permanente, pero el tema será motivo de debate hoy en las diversas bancadas, previo a la sesión del órgano legislativo.

El senador priísta Carlos Jiménez Macías dijo que ya estaba agendado para hoy el encuentro de su grupo parlamentario para definir su postura, y el llamado de la Secretaría de Gobernación a dialogar, paralelamente a la presentación de la controversia.

Antes que se conociera la decisión de los ministros, el senador perredista Leonel Godoy y los diputados del PRI Carlos Flores Rico y Jaime Aguilar confiaron en que la SCJN dirima en los próximos días la controversia, con el propósito de no retrasar más la entrada en vigor de ese ordenamiento jurídico, encaminado a proteger y brindar justicia a las víctimas del crimen organizado.

Godoy lamentó que Calderón haya optado por faltar a la palabra que dio a los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y haya esperado que pasaran las elecciones presidenciales para vetar la legislación, que incluso fue aprobada por el PAN en ambas cámaras.

Por separado, los diputados Aguilar y Flores Rico resaltaron que el Ejecutivo logró vetar la Ley General de Víctimas a principios de julio, debido a la maniobra del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Óscar Arce Paniagua, quien retiró de Gobernación el proyecto de decreto el mismo día en que el Congreso en su conjunto lo remitió a Bucareli –10 de mayo–, y lo mantuvo secuestrado dos semanas en San Lázaro.

Flores Rico precisó que Arce Paniagua no tiene facultades para tomar una decisión como esa, de la que no fueron notificados los demás integrantes de la mesa directiva que él preside y tampoco la directiva del Senado.

Cuando le pidieron una explicación, dijo, Arce les respondió que retiró la documentación porque tenía dudas de que no fuera la misma ley que se había votado en San Lázaro el 30 de abril.

Agregó que es obvio que se trató de una maniobra, para dar tiempo a Calderón a que vetara la ley después del primero de julio, porque no se justifica que la retuviera en la Cámara de Diputados casi tres semanas, sin notificar de ello a los demás integrantes de la mesa directiva.

El diputado Aguilar señaló que después de la resolución de la Suprema Corte , deberán analizar en el Congreso si fincan responsabilidades tanto a Arce como al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

Primera reunión

Por su parte los senadores Jesús Murillo Karam (PRI) y Tomás Torres (PVEM) plantearon al gobierno federal retirar la controversia constitucional interpuesta el pasado jueves por la Secretaría de Gobernación en contra de los procedimientos para publicar la ley de víctimas. El gobierno federal propuso encontrar los mecanismos y las reformas necesarias para que dicha ley pueda aplicarse de manera eficiente y a la brevedad posible.

Tras una reunión privada con el subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación, Rubén Fernández, trascendió que ambas partes harán las consultas necesarias para dar una respuesta a dichas propuestas, para las que tanto los legisladores como los funcionarios del gobierno federal se mostraron dispuestos a seguir.

La de ayer fue la primera reunión del grupo de trabajo sobre la referida ley, que tuvo lugar tras haber interpuesto el gobierno la controversia constitucional.

De acuerdo con las autoridades federales, la ley tiene una serie de deficiencias que la hacen inaplicable y advierten que, incluso, podría resultar en un problema para las víctimas más que en una solución, ya que no establece responsabilidades para estados y municipios, responsables de atender 90 por ciento de los delitos cometidos en el país, que son del fuero común.

Después de este encuentro se prevé que gobierno federal y legisladores exploren alternativas que satisfagan principalmente a las víctimas y atiendan esta demanda de la sociedad civil.