A tres años y medio de que entró en vigor la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, el gobierno de la ciudad de México inició 128 juicios, lo que significa un monto acumulado de afectación económica a organizaciones delictivas por 672 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el fiscal especial de extinción de dominio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Javier González del Villar, señaló que de los procesos iniciados 18 han sido ganados por el gobierno capitalino, en 10 el fallo ha sido contrario a las autoridades y el resto siguen en proceso.

Agregó que de los casos presentados al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 89 tienen que ver con robo de vehículos, 17 por secuestro, 19 por trata de personas y tres por delitos tipificados como delincuencia organizada.

En el caso de la explotación sexual, agregó, la procuraduría capitalina ha iniciado juicios para la enajenación de inmuebles en distintas zonas de la ciudad, principalmente hoteles, especialmente en La Merced, donde están en litigio seis inmuebles, en los que mujeres, algunas de ellas menores de edad, eran obligadas a prostituirse.

Al respecto, la fiscal de delitos sexuales de la PGJDF, Juana Camila Bautista Rebollar, manifestó que de 2009 a la fecha se han realizado 175 operativos contra la trata de personas en diferentes puntos de la capital del país, que han dado como resultado el rescate de 187 víctimas, de las cuales 78 son menores de edad y la consignación de 159 probables delincuentes.

De éstos, explicó la funcionaria, 57 han sido sentenciados por un juez penal, el resto de los presuntos tratantes de personas se encuentran en proceso penal. Tan sólo el año pasado, aseguró, la dependencia obtuvo 18 sentencias condenatorias y ninguna absolutoria.

Sin embargo, las cifras de la PGJDF se contraponen con las presentadas ayer en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por el Observatorio contra la trata de personas con fines de explotación sexual, que en su informe 2011 asegura que ese año se dictaron 23 sentencias condenatorias y 25 absolutorias.

Al respecto, Bautista Rebollar negó que haya casos de presuntos tratantes que hayan sido absueltos por un juez penal, aunque reconoció que se han dado casos en los que el impartidor de justicia decidió raclasificar el delito de trata de personas a lenocinio; fallos que, agregó, en su mayoría se encuentran en apelación, aunque en otros casos los acusados han alcanzado la libertad.