La Procuraduría General de la República (PGR) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación el nuevo reglamento de su ley orgánica, que consta de 137 artículos y 10 transitorios.

El nuevo ordenamiento, que sustituye al emitido el 25 junio de 2003 y entrará en vigor en 60 días hábiles, reglamenta la ley orgánica de la institución, aprobada en diciembre pasado por el Congreso de la Unión.

Entre los principales cambios en la institución está la formalización de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).

En ella se concentrará al personal que integraba la Fiscalía de Delitos contra la Salud y las unidades Contra la Delincuencia Organizada y Contra el Lavado de Dinero.

La Siedo está encargada de las investigaciones sobre narcotráfico, terrorismo, secuestros, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Además, con la nueva publicación desaparece el término Agencia Federal de Investigación (AFI) para dar paso a Policía Federal de Investigación, que coadyuvará con el Ministerio Público Federal en las diligencias.

Asimismo establece que la certificación del personal, el cual determina si una persona es apta para ingresar a la institución o permanecer en ella, tendrá vigencia de tres años.

El proceso de evaluación incluirá los exámenes patrimonial y de entorno social, médico, sicométrico y sicológico, así como poligráfico y toxicológico.

El reglamento establece en su artículo sexto transitorio la continuación de viejas investigaciones, como la del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, Juan Jesús Posadas Ocampo y Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Se creará la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, la cual vigilará que todas las actuaciones de las diferentes áreas de la procuraduría se apeguen a derecho.

Con esta nueva ley orgánica la PGR tendrá un adelgazamiento considerable, al pasar de 29 mandos de control a únicamente nueve, lo cual permitirá mayor efectividad al unificar los criterios en las diferentes áreas de la dependencia.

Además se facultará al procurador para crear unidades especializadas y fiscalías a su criterio, sin tener que esperar la aprobación del Poder Legislativo. Las fiscalías serán temporales y serán cerradas una vez que cumplan sus tareas.

La idea es otorgar a la PGR herramientas más eficaces para el combate al crimen organizado, que está en constante movimiento.