a sido afinado una y otra vez el proceso electoral a efecto de que los votos cuenten y se cuenten correctamente. Esta vez acaso sólo hubo alguna peccata minuta muy propia de cualquier proceso electoral. Cualquier ciudadano podía y puede verificar en Internet que el acta de la casilla en la que votó es la misma que registra el PREP.

En cada reforma electoral se han debido llevar a cabo cambios en la ley para intentar tapar los agujeros que mostró la elección anterior y que dejaron terriblemente inconformes a los perdidosos. La de 2012 no ha sido la excepción.

Pero a estas alturas todo México sabe que las grandes irregularidades no están en el proceso de elección y el conteo de los votos, sino en lo que el Movimiento Progresista llama una elección comprada. ¿Habrá reforma capaz de impedir las presuntas atrocidades cometidas por el PRI?

El Movimiento Progresista presentó abundante cantidad y variedad de documentos que mostraban actos presumiblemente probatorios de inmensos fraudes cometidos fuera de las urnas, antes del proceso electoral y acaso durante el mismo. Pero si usted lee el primer indebido informe circunstanciado que el IFE adjuntó a las impugnaciones del Movimiento Progresista, ya podemos suponer lo que puede ocurrir en el TEPJF. Ese informe arrasa con las impugnaciones de las izquierdas: 1) no se aportan elementos de prueba para acreditar que se presentó la compra y coacción de votos; 2) los partidos siempre tuvieron acceso a los medios de impugnación; 3) se garantizó la emisión del voto de forma libre y secreta; 4) no se cuenta con los elementos para determinar si hubo rebase de topes de gastos de campaña; 5) las encuestas no son propaganda electoral; 6) no existe certeza de que las tarjetas Soriana y Monex fueron recibidas por los medios que refieren; 7) su simple existencia no revela que su entrega haya sido condicionada; 8) las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista carecen de valor probatorio (sic)...”

Algunos articulistas servidores del poder se han entusiasmado hasta el champán con ese documento, sin embargo habría que tener en cuenta algunas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. El artículo 2, fracción 1, dispone que para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, las normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del derecho. Y el artículo 3, en su fracción 1 prevé: El sistema de medios de impugnación regulado por esta ley tiene por objeto garantizar: a) que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad; y en alusión al mismo principio, la fracción 2 dispone que el sistema de medios de impugnación se integra por, fracción b) el recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral, y la fracción d) el juicio de revisión constitucional electoral, para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos.

Véase, no obstante, que el formalismo jurídico de la democracia liberal se lleva mal con el subdesarrollo. Es la experiencia mexicana. Esta no es una contienda electoral entre ciudadanos iguales frente a la ley.

La cancha en la que corren los contendientes es inconmensurablemente dispareja. El poder político se concentra en unos cuantos individuos, separados de la sociedad debido a la índole de las instituciones representativas; el poder económico se halla concentrado como pocos lugares en el mundo y ha logrado, ahora, mandar sobre el poder político, y a veces se confunden: remember la telebancada: el poder mediático, entre muchos espacios en que se han vuelto siameses. ¿A quién escapa que este poder de mil cabezas manda sobre la democracia? ¿Quién no sabe que la democracia liberal es el menos peor de los sistemas de conformación del poder del Estado, a condición de que exista un piso mínimo de igualdad socioeconómica? ¿Quién desconoce el racismo que impera sobre los pobres –especialmente los indígenas–, que son la mayoría de este país? ¿A alguien le falta información sobre los 5 millones de analfabetos y los muchos millones más de analfabetos funcionales? ¿nadie oyó hablar de los siete millones de ninis? ¿Son éstos los ciudadanos iguales que se enfrentan en democracia?

Es indignante ver la caradura del partidazo diciendo de AMLO que su verdadero fin es presionar a las autoridades electorales para condicionar el ejercicio de su función constitucional.

A la presión que ejerce el poder de la hidra mexicana sobre las instancias judiciales en todo momento, es preciso enfrentar la mayor movilización social posible.