Huehuetoca, Méx., 23 de julio. El comedor Hermano Migrante, ubicado en una vecindad de la calle Quintana Roo, en el barrio de San Bartolito, podría cerrar debido a que los arrendadores solicitaron a los activistas del Movimiento Migrante Centroamericano (MCC) entregar el inmueble, pues temen más agresiones.

Hoy me llamó la dueña de la casa y me dijo que, por cuestiones de seguridad, entregara la vivienda, informó Irineo Mújica Arzate, administrador del comedor y miembro del MMC, quien agregó que pagó por adelantado seis meses de renta por una casa de dos habitaciones y un sanitario, que es utilizada para preparar alimentos que se distribuyen entre los migrantes.

Mújica Arzate recordó que la madrugada del sábado tres hombres armados que perseguían a un grupo de centroamericanos dispararon al menos 10 tiros al muro de la vecindad, donde se encuentra el comedor, a unos 10 metros de las vías del tren en Huehuetoca.

Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México dieron fe del ataque, pero hasta este lunes no habían presentado un reporte. El alcalde Juan Manuel López Adán negó audiencia a los responsables del centro de apoyo alimentario.

Después del cierre de la casa de migrantes de Lechería, en el municipio de Tultitlán (el 10 de julio), se destapó algo que no se había visto: secuestros (de migrantes), maltratos y agresiones de garroteros del tren que persiguen a los viajeros y les quitan su dinero, comentó Irineo.

Estudiantes de la Universidad Iberoamericana y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otros, trabajan de voluntarios en el comedor, donde preparan arroz y frijol, y salen a la calle a entregar platos de alimentos a migrantes que se sientan en banquetas o piedras para comer. Hay días en que se atiende a sólo 50 migrantes, pero en otros llegan hasta 200, comentó Irineo.

Aclaró que el comedor no es un refugio. Los usuarios no pueden quedarse a dormir ni a descansar, pues la vivienda apenas mide 60 metros cuadrados.

Ese fue un acuerdo entre nosotros, sobre todo para no molestar a los demás inquilinos, comentó el activista, quien ha colaborado con el sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de los derechos humanos de migrantes.