La Comisión Permanente solicitó al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), José Ángel Córdova Villalobos, que en un plazo no mayor a 10 días hábiles le remita un informe detallado que contenga un diagnóstico sobre el acoso y otras formas de violencia presentes en las escuelas de educación básica, primaria y secundaria, así como de las acciones que se han emprendido para atender el problema.

De igual forma, solicitó a la SEP y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) que se coordinen para implementar en el ciclo escolar 2012-2013 de primaria y secundaria una estrategia de difusión sobre el respeto a los derechos de las personas para inhibir conductas violentas en los espacios educativos.

En el punto de acuerdo aprobado por la Permanente se destaca que un informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), de agosto de 2011, refiere que 11 por ciento de los estudiantes mexicanos de primaria han robado o amenazado a algún compañero, y que en secundaria el porcentaje llega a 7 por ciento.

Citan cifras del informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que precisa que 315 mil estudiantes de secundaria aseguran que la violencia en sus escuelas es alta por la frecuencia de casos de adicción, portación de armas de fuego y peleas dentro de los planteles. Y otros 445 mil alumnos opinan que el entorno de sus escuelas es agresivo por el número de robos, riñas, ataques a estudiantes y consumo de drogas.

Detallan que el informe de la Cepal señala que los estudiantes de sexto grado de primaria declaran haber sido víctimas en sus escuelas de robo (40.24 por ciento), insultos o amenazas (25.35 por ciento), golpes (16.72 por ciento) o que han sufrido algún episodio de violencia (44.47 por ciento).

Con base en esos análisis, los legisladores señalan que es menester tomar acción inmediata, pues (...) la escuela es un espacio de institucionalización de la educación y uno de los ámbitos de socialización más importantes.

Los legisladores de la Segunda Comisión de la Permanente que dictaminaron el punto de acuerdo, que fue aprobado en el pleno, señalan que consideran alarmantes los datos de los informes, sobre todo “porque los actos de acoso escolar generan graves consecuencias sociales personales.

“Por un lado, el acoso escolar (bullying) está considerado entre las causas de deserción escolar, lo que favorece el rezago educativo. Por otro, niños y jóvenes víctimas de acoso presentan secuelas sicológicas que precisan de atención especializada.”