La 61 Legislatura de la Cámara de Diputados terminará su periodo de sesiones en agosto con más pendientes que logros, luego de un trienio en que si bien aprobó reformas en materia de derechos humanos, como el referente a la trata de personas, protección a periodistas y defensores de derechos humanos, también avaló de los gasolinazos, reculó en la reducción del impuesta al valor agregado (IVA) y en la eliminación del impuesto a los depósitos en efectivo (IDE), además de cambiar la Constitución para incluir la libertad religiosa.

Asimismo, como resaltó la Auditoría Superior de la Federación en su informe 2010, prevalece la opacidad en el manejo de los recursos de la Cámara, sobre todo en la partida asignaciones a los grupos parlamentarios, que tuvo mil 179 millones de pesos, pero no hay documentación que compruebe en qué se gastaron y cómo fueron distribuidos por los coordinadores.

Como ocurrió con sus antecesores, entre 2006 y 2009 los actuales diputados no aprobaron ninguna de las llamadas reformas estructurales: en materia laboral, fiscal y de seguridad, y se conformaron con una miscelánea que atendió más a la coyuntura política y a los intereses de los grupos parlamentarios.

Así, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había decidido en su plenaria de agosto de 2010 en Ixtapan de la Sal reducir de 16 a 15 por ciento la tasa del IVA, luego de caer en cuenta que el Ejecutivo engañó al Legislativo con el argumento de que en 2009 debía aumentarse ese gravamen para tapar el denominado hoyo financiero de 300 mil millones de pesos.

En ese año, el PRI avaló el alza del IVA, del impuesto sobre la renta (ISR) de 28 a 30 por ciento, y del IDE, de 2 a 3 por ciento, como una medicina necesaria para equilibrar las finanzas públicas después de la crisis.

Sin embargo, Hacienda convenció al PRI de no disminuir las tasas impositivas, con el argumento de que hacerlo implicaría un recorte al gasto de los estados, y especialmente de mil 300 millones al estado de México, que entonces gobernaba Enrique Peña Nieto.

En contraste, el año siguiente con la mancuerna que sostuvo con el Partido Acción Nacional (PAN) en la legislatura, el tricolor autorizó –con el voto de perredistas ligados a Los Chuchos– que continuaran hasta 2014 los gasolinazos, cuando los aumentos a los combustibles debían terminar este año.

Asimismo, y aun cuando había un acuerdo inicial en la dupla PRI-PAN para aprobar la reforma laboral, a pesar de que las iniciativas de ambos partidos pretendían instaurar los contratos de prueba, el pago por hora, legalizar la terciarización o outsourcing y mantener intacto el poder de los sindicatos, finalmente el tricolor también desistió.

La bancada panista, todavía coordinada por Josefina Vázquez Mota, reprochó que la instrucción para frenar los cambios a la Ley Federal del Trabajo habría surgido de Peña Nieto, a quien llamaron el diputado 501.

En cambio, cuando ambas bancadas aprobaron la reforma al artículo 24 constitucional, que también buscaba suprimir la prohibición de los actos de culto en los templos y facilitar la concesión de medios de comunicación a iglesias, trascendió que Peña Nieto había pedido votarla a los legisladores de su partido.

En otro de los temas polémicos abordados en esta legislatura, el pleno aprobó la reforma constitucional en materia política, que fue declarada válida la semana pasada al ser aprobada por el Constituyente Permanente.

Asimismo, se votaron la ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, y contra la trata de personas, que el Ejecutivo publicó en junio, y aun cuando la ley de protección a víctimas, que busca obligar al gobierno a la reparación del daño a las familias de afectados por la guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado, fue aprobada por legisladores, el mandatario se niega a publicarla.

Aunque en 2010 la cámara aprobó un nuevo reglamento, el trabajo en el pleno y en comisiones no se ha ordenado, los acuerdos dependen del jaloneo entre los grupos, y no se terminó con el rezago parlamentario. Las iniciativas no aprobadas se declararon sin vigencia la semana pasada, y se desecharon de plano.