ienvenidos a la edad del espionaje universal. Ya no es ciencia ficción, ni thriller, de preferencia con Gene Hackman, de La confesión (1974) a Enemigo público (1998), en una línea que encuentra su actualización más puntual en la Lisbeth Salander de Stieg Larsson, para fascinación de millones de lectores y espectadores en todo el mundo. No. Es aquí y ahora, en nuestra cara y en nuestra casa. Y quizás porque la ficción realista nos preparó para renunciar a las intimidades básicas y dejarlas de ver como derechos, la respuesta social y mediática contra la invasión del poder en nuestra alcoba parece pobre, desganada o resignada, como si nos hubiéramos anestesiado con cuentos para cuando el destino nos alcanzara.

La segunda semana de julio se difundieron dos noticias aparentemente inconexas que debieron alcanzar el efecto de un escándalo, pero no fue a sí; o no lo suficiente. Una en Estados Unidos (nuestro traspatio), la otra en México. Ambas ligadas a dependencias de los respectivos gobiernos: la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

¿Será que nuestra acelerada hiperconectividad, que ha devenido arma de denuncia y resistencia comunicativa, nos reduce el umbral de reacción? ¿El que se lleva se aguanta? El siglo XX trajo una nueva relación entre lo personal y lo colectivo/público. El sicoanálisis y sus secuelas sacarían del armario y el confesionario la intimidad en un sentido constructivo y liberador. Mientras, los fascismos y estalinismos sitiarían la existencia personal de los ciudadanos, que para el poder devinieron peligrosos (de la Gestapo a la Stassi alemanas, por ejemplo). Las agencias de inteligencia del imperialismo llegaron enseguida, y como producto secundario las dictaduras modelo Cono Sur. Paralelos a todo, hasta ocupar el centro, tuvimos los portentosos desarrollos tecnológicos del nuevo siglo. Se les cuelga el adjetivo orwellianos, tan literariamente inexacto como el uso indiscriminado de kafkiano pero igualmente expresivo y cargado de nuevas implicaciones.

Tampoco seamos ingenuos. Cada Wikileaks tendrá su reacción. Pero si usamos libremente Internet, Facebook o localizadores GPS para organizarnos y resistir, ¿debemos aceptar tranquilamente que el espionaje integral nos lleve a la abolición de la vida privada, el derecho al secreto, la intimidad y otras antiguallas?

A pocos días de que el gobierno de Felipe Calderón, bordeando lo ilegal y anticonstitucional como acostumbra, avalara el ACTA que intenta regular los usos de las nuevas tecnologías con el pretexto de impedir criminalidad, piratería y hackeo, el 15 de julio se supo que Sedena adquirió el año pasado equipo sofisticadísimo para espionaje, intervención telefónica (mensajitos y Twitter incluidos), cámaras que entrarán donde cualquier pantalla esté conectada y localización geográfica precisa de cualquier blanco (o sea nosotros). Cinco mil millones de pesos pagamos (es nuestro dinero) a la empresa binacional Tracking Devices, a través del Ejército federal, para mejor acceso del poder autoritario a nuestras vidas. La mayor parte de los medios masivos lo minimizaron o ignoraron, y rápidamente lo olvidaron. Es probable que el millonario equipo ya esté en uso, bajo el cómodo pretexto de lucha contra el crimen organizado, que tantas aplicaciones tiene ahora. Se trata, por lo demás, de una mera actualización, un remozamiento de los equipos de intervención que el Estado viene aplicando contra los ciudadanos (y no sólo los criminales) de tiempo atrás.

Lo interesante del episodio estadunidense revelado el día 14 por The New York Times (nytimes.com/2012/07/15/us/fda-surveillance-of-scientists-spread-to-outside-critics.html?_r=1&pagewanted=all), es que ilustra con un caso concreto la amplitud e ilegalidad, tolerada por el propio gobierno, que la mayoría de los medios masivos de comunicación minimizaron o ignoraron y rápidamente olvidaron. Según reportó Democracy Now! (democracynow.org/2012/7/17/ spying_on_scientists_how_the_fda), la FDA puso en marcha una amplia campaña de espionaje contra sus propios científicos, luego de que éstos enviaran cartas a periodistas, integrantes del Congreso y al presidente Barack Obama en las que expresaban preocupación porque la FDA aprobó equipos de imagenología médica (de General Electric) que podían poner en peligro a los pacientes debido a sus altos niveles de radiación. La operación encubierta llevó al organismo a vigilar (con cámaras incluso) las computadoras de los científicos en el trabajo y en la casa y a copiar correos electrónicos, memorias USB y mensajes individuales renglón por renglón mientras los escribían. Luego los subió a Google para destruir su reputación.

Precisamente a Google acudió el día 20 el secretario de Gobernación Alejandro Poiré, a la cumbre Redes ilícitas: fuerzas en oposición, en Los Ángeles, y propuso desarrollar un software práctico para mejor frenar al crimen y la impunidad en México. ¿De cuánto más ni siquiera nos estamos enterando?