Las principales entidades encargadas de investigar los casos de lavado de dinero en México (UIF, SAT y PGR) enfrentan deficiencias estructurales y sistémicas en los procesos y capacidades de inteligencia que impiden que la gran mayoría de las investigaciones sobre este delito lleguen a una sentencia judicial, aseguró el Grupo de Acción Financiera (Gafi).

De acuerdo con un diagnóstico del organismo intergubernamental, creado en 1989 por el Grupo de los Siete, 95 por ciento de las investigaciones de lavado de dinero en México no prosperan por problemas estructurales que afectan las capacidades de indagación.

El Gafi, integrado por miembros de 34 jurisdicciones y dos organizaciones regionales (el Consejo de Cooperación del Golfo y la Comisión Europea), informó que de cada 100 presuntos delitos de lavado de dinero reportados a las autoridades competentes, sólo cinco tienden a llegar a una sentencia.

La mayoría de los casos reportados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la Procuraduría General de la República (PGR) no han resultado en acusaciones porque, a pesar de que fueron reportados por la UIF, la PGR no pudo comprobar la actividad delictiva.

Las autoridades reconocieron que un impedimento clave para las investigaciones eficaces de lavado de activos puede relacionarse con los problemas estructurales que afectan las capacidades de investigación de la PGR en general, que están afectando su capacidad para investigar todos los delitos que se le asignan, no sólo el lavado de activos.

Entre las razones que se explican para que las investigaciones no lleguen a su fin destacan los cambios frecuentes en los equipos, que pierden de vista el progreso de un asunto penal; recursos inadecuados para la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), así como la estructura y el proceso para la administración de casos en esta dependencia, que se remontan al aumento importante en el número y la diversidad de casos que se asignan a la misma.

Adicionalmente existe insuficiente coordinación con las autoridades estatales y municipales (por ejemplo, la identificación, registro de bienes inmuebles y negocios locales), aunada a la facilidad de obtener varias tarjetas de identificación fraudulentas y al tamaño de la economía informal.

También el elevado número de deserciones entre oficiales policiacos y las infiltraciones reportadas en la PGR por el crimen organizado tienen efecto negativo en la capacidad de México para investigar y procesar delitos.

Esta evaluación reveló además la necesidad de incluir más capacitación y conciencia entre los jueces y tribunales acerca de los delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Por ello es necesario definir protocolos claros entre los agentes del Ministerio Público en el proceso del lavado de dinero, especialmente las investigaciones penales complejas que involucran al sector financiero.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente directa de la oficina del secretario de Hacienda, debería desarrollar un mecanismo que permita valorar la eficacia de las investigaciones y el proceso penal por los reportes de inteligencia. Debería definir un mecanismo de retroalimentación permanente, el cual le permitiría valorar la calidad y utilidad de los reportes de inteligencia enviados a la PGR y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Pese a que la UIF no ha manifestado una preocupación grave sobre su presupuesto o personal, el número de los reportes que recibe es considerablemente alto en comparación con la cantidad de analistas disponibles para resolverlos. Además, el número de informes a la PGR es muy bajo en términos concretos. Esto señala la necesidad de incrementar el personal, en especial de análisis.

El estudio refiere que la UIF no dispone de acceso directo a la información que se almacena en algunas bases de datos de las autoridades policiacas, particularmente registros de investigaciones de delitos.

Esto se debe al principio del secreto de la averiguación, por el cual la UIF únicamente puede tener acceso a aquellos casos que son investigados por la PGR o por la policía que colabora con la UIF. Esta limitación al acceso de la información puede afectar la capacidad de la UIF de producir información de utilidad para auxiliar en las investigaciones.