La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ordenar al juez segundo de lo penal de Culiacán, Sinaloa, reabrir las investigaciones contra funcionarios de la empresa Sempra Energy de México y contra funcionarios de Baja California del gobierno de Eugenio Elorduy, por haberse confirmado el despojo de una importante propiedad al ciudadano Ramón Eugenio Sánchez Ritchie.

Omar Paz Arellano, abogado y apoderado legal de Sánchez Ritchie, informó que el juez quinto de distrito de Culiacán, Sinaloa, otorgó amparo federal a su cliente, con el fin de que la juez segundo penal de Ensenada, Baja California, dejara sin efecto la orden de archivo que hizo esa dependencia sobre la denuncia que Sánchez Ritchie presentó contra Alejandro Ríos Rippa, Darcel Lloyd Hulse, Dinora Villafán Gutiérrez, Luis Armando Navarro Peña, Gabriela Natera Ramírez, Francisco Molina Robles, Bernardo Martínez Aguirre, Jaime Niebla González, Antonio Martínez Luna, Sonia Patricia Navarro Navarro, Javier Alcázar Jiménez, Hugo Salinas Pérez, Gilberto Cota Alanís, Francisco Andrés Sobarzo Almeida y Sergio Fillard Fahme.

Las acusaciones que se les imputan son: delito de despojo de inmuebles, fraude procesal, abuso de autoridad, tráfico de influencias, falsedad de declaración ante las autoridades, asociación delictuosa, delincuencia organizada y lavado de dinero.

La sentencia de amparo otorgada el 10 de julio pasado obliga a la juez segundo de lo penal a restituir a Sánchez Ritchie sus derechos violados por la Procuraduría de Justicia de Baja California, dentro de la averiguación previa 3811/09/31, ya que la dependencia había decidido no ejercitar acción penal en contra de los mencionados; con esta resolución se deberá abrir la investigación, valorar las pruebas y en atención a las mismas determinar la acción penal por los delitos denunciados.

Resolvió lo anterior la SCJN a través del juicio de amparo 539/2011, promovido por Sánchez Ritchie, y es un duro revés a la empresa Sempra Energy (en) litigio contra mi cliente, quien fue desposeído de un inmueble de aproximadamente 100 hectáreas por la empresa Sempra Energy, y a través de los años ha venido paliando con dicha trasnacional un litigio, toda vez que la misma ha sido protegida por los gobiernos panistas de Baja California, expuso Omar Paz.

El amparo se promovió ante la actitud arbitraria de la procuraduría estatal que, sin mediar razonamientos jurídicos, decidió archivar la denuncia penal protegiendo a la empresa Sempra, y a personajes ligados al ex gobernador Eugenio Elorduy Walther, como Bernardo Martínez Aguirre y Francisco Molina Robles; el primero prestanombres del entonces gobernador y el segundo ex secretario general de Gobierno y ahora funcionario de Sempra Energy, repuso Paz.