La decisión del presidente de la Cámara de Diputados, el panista Óscar Arce Paniagua, de retirar el proyecto de decreto de ley general de víctimas, que el Congreso había enviado a la Secretaría de Gobernación (SG) el 10 de mayo y mantenerlo en San Lázaro 20 días, dio la posibilidad al Ejecutivo federal de vetarla después de la elección del 1º de julio.

Ese día, después de las ocho de la noche, remitió a la Comisión Permanente sus observaciones a la ley , toda vez que el proyecto de decreto se remitió por segunda ocasión a la SG el 1º de junio, y a partir de esa fecha el presidente Felipe Calderón tenía 30 días para vetar la ley.

Por ello, en la controversia ante la Corte, Calderón sostiene que no incumplió el plazo constitucional para formular observaciones a la ley. En el Congreso, sin embargo, todas las fuerzas políticas, a excepción de los legisladores del PAN, sostienen que la fecha que debe tomarse como base es el 10 de mayo, cuando ambas cámaras remitieron el proyecto de decreto a Bucareli y el plazo al Ejecutivo venció el 1º de junio.

En las últimas semanas, senadores y diputados de PRI y PRD han exigido, incluso desde la tribuna de la Comisión Permanente, que el panista Arce Paniagua explique por qué tomó esa decisión unilateral de retirar el decreto y retenerlo casi tres semanas en San Lázaro.

Desde la Comisión Permanente se exigió, el pasado 23 de mayo, a propuesta del priísta José Ramón Martel, que el secretario de Gobernación informara cuál es el estado que guarda el decreto por el que se expide la ley. Fue entonces cuando se descubrió la maniobra, que el entonces secretario técnico de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Eduardo Espinosa –del grupo del perredista Guadalupe Acosta Naranjo– por instrucciones de Arce solicitó la devolución del expediente.

En un nuevo punto de acuerdo que Martel presentó a la Permanente en la sesión del jueves pasado, demanda que la Comisión de Estudios Legislativos Primera del Senado remita a ese órgano del Congreso un expediente completo con las irregularidades de trámite que se dieron luego de la aprobación de la ley.