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Para importar derivados del petróleo se destinaron 30 mil 801 mdd, según información oficial

Sin ejercer, 98% del presupuesto de 2011 para construir la refinería Bicentenario
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Instalaciones de la refinería de Pemex en Tula, HidalgoFoto Alfredo Domíngez
 
Periódico La Jornada
Domingo 22 de julio de 2012, p. 26

Durante 2011, la inversión para la construcción de la nueva refinería Bicentenario en Tula, Hidalgo, registró un avance de apenas 2 por ciento y se dejaron de ejercer recursos por 98 por ciento del presupuesto total autorizado, equivalente a 3 mil 25.9 millones de pesos, revela un análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011 de la Secretaría de Hacienda.

Esto a pesar de que la importación de derivados de petróleo ascendió ese año a 30 mil 801 millones de dólares, 44 por ciento más que en 2010, según información de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El costo de la nueva refinería ha sido estimado en 11 mil 610 millones de dólares, casi un tercio de lo que se destina a las importaciones de productos refinados en un año.

A Pemex-Refinación, uno de los cuatro organismos subsidiarios de Pemex, se le autorizaron recursos por 3 mil 83.6 millones de pesos para los estudios de preinversión para la construcción de la nueva refinería; sin embargo, se registró un subejercicio de 3 mil 25.9 millones de pesos.

De construirse la nueva refinería permitiría ampliar la capacidad de refinación de 250 mil barriles diarios de crudo tipo Maya, complementada con 76 mil barriles al día de residuo de vacío provenientes de la refinería existente, en una configuración de alta conversión con coquización.

Según los planes, la nueva refinería contará con 17 plantas de proceso, principales y complementarias, los servicios principales, tanques de almacenamiento, infraestructura e integraciones necesarias, para la adecuada operación.

Adicionalmente se contempla la construcción de 832 kilómetros de ductos para el transporte de crudo, gasoducto, líneas de interconexión inter-refinerías para el transporte del residuo de vacío y productos, así como un poliducto a la zona suroriente del Valle de México que complementará la capacidad del sistema de transporte para el desalojo de destilados.

Los informes oficiales precisan que al concluir el año pasado, Pemex registró un subejercicio total de 26 mil 83.6 millones de pesos, equivalente a 5.7 por ciento del presupuesto originalmente aprobado. Los organismos subsidiarios más afectados fueron Pemex Exploración y Producción (PEP) y Pemex-Refinación (PR). En el caso de PEP, los mayores recortes se observaron en el Programa Estratégico de Gas; Cantarell y Ku Maloob Zaap.

La información que proporciona la Cuenta Pública señala que la falta de aplicación de recursos se debió tanto a factores positivos, que permitieron generar ahorros, como a factores negativos que impidieron dar cabal cumplimiento a los programas de inversión de Pemex.

En el presupuesto de egresos de 2011 se autorizaron a Pemex para su gasto no programable recursos por 42 mil 495 millones de pesos, mismos que estarían destinados al pago de su deuda. Sin embargo, al finalizar el ejercicio, sólo se aplicó 59.4 por ciento de dicho monto (25 mil 228.0 millones ). De acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, este menor requerimiento de recursos estuvo asociado a tres factores: ajustes al programa de financiamientos de Pemex, que se tradujeron en menores tasas de interés; resultados favorables de operaciones financieras con derivados vinculados a la deuda de la paraestatal; y diferenciales registrados en el tipo de cambio. Estos factores, de manera específica, posibilitaron un ahorro del costo financiero de la deuda de Pemex por 17 mil 267.0 millones de pesos, durante el ejercicio de 2011.

Para cubrir su gasto programable, los legisladores otorgaron a Pemex en 2011, recursos por 418 mil 328.9 millones, que equivalen a 90 por ciento del total asignado a la paraestatal. Al cierre del ejercicio, Pemex habría aplicado 97.9 por ciento de dichos recursos.

Si bien este avance en el ejercicio del gasto es muy cercano a ciento por ciento, al revisar la ejecución del gasto programable desde la perspectiva de la clasificación económica, se observa que dicha ejecución difiere sustancialmente de lo aprobado por los legisladores.