En su escrito como tercero interesado en el juicio de inconformidad contra la elección presidencial, dirigido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Compromiso por México considera que la pretensión del Movimiento Progresista de incorporar el rebase de topes de campaña en este recurso envolvería una sustancial violación a la legalidad y seguridad jurídica, pues los plazos legales de fiscalización de gastos de campaña están en curso.

Como parte de un extenso documento, de mil 600 cuartillas, la coalición subraya que no resulta lógico ni jurídico estimar en este momento un rebase de topes de campaña, pues la normatividad aplicable confiere el derecho a los partidos de rendir informes de gastos, los cuales aún están pendientes.

Acusa al Movimiento Progresista de inferir un agravio a partir de estimaciones completamente alejadas de la realidad producto de una desbordada y maliciosa imaginación, y subraya que las quejas en materia de fiscalización aún están en proceso de sustanciación.

No hay pruebas suficientes

En paralelo, controvierte los presuntos vínculos con triangulaciones financieras operadas en tarjetas Soriana y monederos electrónicos de Banca Monex. En su caso, las quejas relacionadas con estas presuntas irregularidades se encuentran en una fase de sustanciación por la Unidad de Fiscalización, amén de que las pruebas periodísticas presentadas carecen de valor probatorio en la medida en que no existe un vínculo de causalidad entre las tarjetas presentadas y los alcances demostrativos para determinar una presunta compra del voto.

Lo más que podría desprenderse de las pruebas reseñadas, son indicios que informan sobre varios cientos de personas que presuntamente habrían recibido tarjetas de prepago a cambio de su voto; circunstancia que aún cuando, sin conceder, se llegare a estimar plenamente acreditada, carecería de la calidad jurídica necesaria para poner en duda los resultados de la elección presidencial o que se hubiese afectado de manera sustancial y determinante los elementos esenciales de validez de la elección, de manera particular, la libertad del sufragio de los millones de electores que participaron en la elección.

El documento de Compromiso pretende desvanecer las imputaciones por el uso de las tarjetas Soriana que el Movimiento Progresista considera deben acreditarse con la aportación de varias notas de prensa –que solo tienen valor indiciario– y la referencia a contratos que habrían alcanzado gobiernos estatales de extracción priísta y la empresa.

La coalición subraya que son tarjetas de beneficios, entendidos estos como descuentos, porque carecen de la posibilidad de que se pueda aportar dinero en efectivo a través de ellas.

EL PRI reconoce la existencia de un convenio CTM-Soriana, para tarjetas con beneficios. Al controvertir los testimonios notariales de personas que habrían sido involucradas en la compra de su voto –refiere a 10 que así lo reconocieron–, el documento cuestiona que todas las personas manifestaron los mismos hechos al notario, razón por la cual, la fuerza convictiva de esta prueba debe desvanecerse en función de la falta de formalidad.

Sobre este capítulo, la coalición PRI-PVEM concluye que las pruebas aportadas no resultan suficientes ni idóneas para acreditar que hubiesen existido aportaciones por entes no autorizados por la normatividad a la coalición o a su candidato presidencial. Tampoco que se actualice con las mismas evidencias de rebase de topes de campaña y si bien es cierto que las notas periodísticas aportan indicios, no resultaría de modo alguno significativo como para poner en duda los resultados o la validez de la elección presidencial.

En otra parte del documento, se asume la existencia de algunas tarjetas en Banca Monex, productos de sus contratos con la empresa Alkino, Servicios y Calidad, que fueron hechos públicos el jueves pasado en rueda de prensa del PRI.

Las valoraciones generales que la coalición PRI-PVEM realiza sobre los agravios esgrimidos por el Movimiento Progresista es que todos ellos atienden a construcciones retóricas poco serias que, por su naturaleza, no son útiles para deducir las consecuencias jurídicas que pretende la actora. Acusa al MP de partir de hechos falsos para construir argumentos endebles, derivados del empleo de sofismas lo que deriva, en consecuencia en lo infundado e inoperante de los pretendidos agravios que constituyen solamente medios para intentar confundir a esta autoridad jurisdiccional e inducirla al error.

El escrito de la coalición aduce que no se configuran los supuestos para pretender la invalidez de la elección, pues no existieron las diversas violaciones a la legislación que argumenta el Movimiento Progresista. Por ello, solicita que los juicios de inconformidad sean resueltos a mas tardar el 31 de agosto, como lo dispone la legislación para realizar el cómputo definitivo, se declare que Enrique Peña Nieto obtuvo la mayor cantidad de votos, se declare la validez de la elección, se declare presidente electo y se emita el bando solemne que así lo acredite.