Bienestar, el reto de la política alimentaria y nutricional

Julieta Ponce
• COA Nutrición; miembro del grupo coordinador del Fonan • [email protected]

ILUSTRACIÓN: Paula Cabildo

Los olvidados por gobiernos de los pasados 30 años son también los que ya no están. Un millón 300 mil niños y niñas no hubieran muerto si un modelo de nutrición y salud de vigilancia básica fuera la lógica de una política pública basada en el bienestar con garantía de los derechos humanos. La mala nutrición provocada o ignorada obliga a replantearnos como nación el concepto de políticas para la vida digna.

Los resultados son reprobatorios en materia de alimentación y nutrición en este final de sexenio. Se entrega el país con cinco millones de niños y niñas con hambre, un millón de ellos con desnutrición; 4.5 millones de niños de cinco a 11 años de edad con sobrepeso, y 28 millones de mexicanos con pobreza alimentaria o, en realidad, con pobre alimentación de dudosa calidad.

La falta diaria de alimento saludable impide el desarrollo pleno de las capacidades físicas, mentales y emocionales de la persona. La desnutrición infantil eleva el riesgo de padecer obesidad y con peores afecciones metabólicas en la edad adulta, esto convierte en pocos años a una comunidad empobrecida en improductiva y dependiente, incapaz de generar por sí misma un entorno sustentable.

México, sin cumplir con su tarea de combatir la desnutrición, transitó a la obesidad, ahora con el 70 por ciento de los adultos con sobrepeso y el riesgo latente de enfermar crónicamente por diabetes, enfermedades cardiovasculares o cáncer. El gasto excesivo en los tratamientos médicos especializados se ha convertido en un nuevo brazo de empobrecimiento y una causa de discriminación en el servicio de salud.

En zonas rurales, campesinas e indígenas, los programas de ayuda alimentaria como Oportunidades han favorecido el consumo de alimentos industrializados de baja calidad, gracias a la transferencia condicionada de dinero, en lugar de fortalecer un sistema nutricional alineado con los sistemas de atención a la salud, educación y vivienda. Son 30 mil millones de pesos con atención a seis millones de familias. Esto sería suficiente para operar sistemas de ayuda alimentaria basados en la producción sustentable regional, para subsidiar una parte de la canasta básica y reactivar la economía local por el consumo preferente de poblaciones beneficiarias.

La vulnerabilidad en el campo se debe a la asimetría de oportunidades generada por la imposición del modelo neoliberal con protección especial para grandes corporativos y obligando a los pequeños productores de alimentos a trabajar la tierra en las peores condiciones de competitividad. Las políticas le apostaron a una agricultura sin campesinos.

Este patrón de supervivencia desde 1982 terminó por expulsar del campo mexicano a más de 15 millones de personas; desde entonces el campesinado se ha ido envejeciendo y feminizando. El 90 por ciento del territorio rural nacional está en manos de ejidatarios por arriba de los 55 años y hay 400 mil mujeres al frente de unidades rurales, mujeres con tasas elevadas de una niñez desnutrida, de estatura pequeña y anemia durante los embarazos, hoy jefas de familia tratando de recuperar el campo.

La desnutrición y la pobreza son sobre todo rurales, pero la desigualdad está generalizada. México dispone de tres mil 200 calorías diarias per cápita, que para una persona adulta sobrepasa la recomendación energética. Si existen personas con hambre es un asunto de desigualdad social. El alimento básico no llega a quien debe llegar, empero la chatarra llega a toda la población.

Para combatir la pobreza se requiere erradicar la desnutrición, el hambre, la riqueza inmoral, el desempleo y la ignorancia.

El Foro Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional (Fonan), convocado por universidades e instituciones de investigación, representa la oportunidad para integrar la experiencia técnica de la academia a las obligaciones irrenunciables del Estado frente a una crisis institucional en medio de otras crisis: alimentaria, económica, ecológica y de salud. Reunidos, más de 75 científicos e intelectuales, organizados por ejes de trabajo, han definido elementos sustantivos para trazar un nuevo sistema alimentario y nutricional, además de la conformación de indicadores regionalizados para el observatorio permanente de la operación y los resultados de esta política.

Poner a las personas en el centro de la política es un acuerdo general del Fonan. El bienestar, los derechos humanos-ambientales, el desarrollo social y el crecimiento económico, deben ser los ejes transversales de la nueva política alimentaria y nutricional.

Se requiere un sistema de inteligencia epidemiológica desde el nacimiento. Proteger y promover la lactancia materna, y un modelo de atención integral para niños y niñas menores a cinco años junto con sus madres, donde la alimentación promueva el neurodesarrollo, el aprendizaje y el acompañamiento con cariño. Se debe sustituir la tienda escolar con los comedores escolares como espacios donde se viva la experiencia de comer bien y de forma digna en colectivo. Todos los espacios educativos deben ser declarados como libres de comida chatarra.

Un sistema de contención de la obesidad en adultos y un programa de seguridad alimentaria para ancianos para el control de riesgos. Asegurar el acceso al agua limpia para todas las comunidades por derecho, así como la regulación de la publicidad de alimentos y el ordenamiento de la venta de comida callejera, son otras recomendaciones.

El Fonan plantea la soberanía alimentaria en sí misma como propuesta de política justa y necesaria, para asegurar la dignidad y las formas de vida campesina e indígena, para proveer alimentos sanos y de calidad en una nueva canasta básica de alimentos mexicanos. Una política que permita a los pueblos empobrecidos volver a ser productivos, erradicando hambre y pobreza en sus propias localidades; se propone una estrategia para incorporar a más personas a las actividades agrarias, como motores de una economía ruralizada, regionalizada y sostenible, fuera de los movimientos especulatorios y financieros.

Programa de subsidio de frijol y maíz, asegurando su consumo en programas de ayuda alimentaria en poblaciones vulnerables y un resguardo alimentario en caso de emergencia climática o desastres naturales. Crear vínculos entre la población agraria y urbana; retomar el binomio producción-consumo, para producir con nuevos modelos de alianzas comerciales entre pequeños productores que sean sujetos de crédito en condiciones de justicia en mercados locales. Una política de nuevas prácticas agrarias y alimentarias para enfriar el planeta y nutrir a sus habitantes, son planteamientos del Fonan.

El suelo mexicano tiene la capacidad de alimentar a la población en un nuevo pacto social para el reordenamiento del Estado, con respeto y garantía al derecho a la alimentación para vivir con bienestar, en un futuro donde la nutrición permita el máximo desarrollo de las capacidades humanas, desde el nacimiento hasta la muerte con dignidad.

Asesinatos de campesinos en paraguay y venezuela: negros presagios para la democracia Adelita San Vicente Tello • Directora de Semillas de Vida, AC • [email protected] En pocos meses, en Venezuela “han asesinado a cinco yukpas. El 13 de abril, Silfrido Romero y Ronald Ramos fueron emboscados y asesinados, mientras cazaban animales para alimentar a sus familias. Mientras, los compañeros Alexander Fernández, José Luis y Leonel Romero fueron secuestrados y asesinados por sicarios encapuchados en la madrugada del 23 de junio en tierras recuperadas por ellos”. En otra zona, la Costa Oriental del Lago, el 20 de junio, José Ríos Pichardo, del Frente Jirajara fue asesinado. (http://bravosuruc.blogspot.mx/) Por las mismas fechas en Paraguay, el 15 de junio “un grupo de policías que iba a cumplir una orden de desalojo en el departamento de Canindeyú, en la frontera con Brasil, fue emboscado por francotiradores, mezclados con campesinos que reclamaban tierras para sobrevivir. La orden fue dada por un juez y una fiscal para proteger a un latifundista. Como resultado, hubo 17 muertos –seis policías y 11 campesinos –y decenas de heridos graves”. (Méndez Grimaldi Idilio, 2012. Monsanto golpea en Paraguay: “Los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo”, http://su.pr/1QDgP8). En ambos casos, además del artero asesinato de campesinos, hay un factor en común: las luchas campesinas por recuperar las tierras ocupadas por latifundios. En Paraguay “el 85 por ciento de las tierras, unos 30 millones de hectáreas, está en manos del dos por ciento de propietarios que se dedican a la producción meramente extractivista o en el peor de los casos a la especulación sobre la tierra”. (Méndez, 2012). Mientras en Venezuela “hay una guerra declarada contra los yukpas, que han “osado” levantarse para luchar por sus tierras ancestrales, de las que han sido y están siendo desplazados; los yukpas han venido dando la lucha por la legítima recuperación, demarcación y autodeterminación de sus territorios hoy en manos del latifundio.” FOTOS: Adelita San Vicente Tello En este contexto quiero narrar la Semana de la Semilla Paraguaya, realizada en mayo de 2011. Llamada ¡Heñoi jey Paraguay! en guaraní y bajo el lema “¡Nuestras semillas, nuestra soberanía!”, se desarrolló esta gran feria de semillas con la presencia del presidente Lugo y alrededor de 500 campesinos invitados. Organizada por el hoy destituido presidente del Servicio de Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Miguel Lovera, esta feria demostraba el esfuerzo que se estaba dando en Paraguay para recuperar las semillas pero, sobre todo, para apoyar a los indígenas y campesinos en la recuperación de sus territorios. Durante varios días se discutió, platicó y se convivió. Breves presentaciones y largas filas de participantes que querían emitir su opinión, la mayor parte de las veces en guaraní. Una de las últimas participaciones, de una mujer campesina, fue para hacer una pregunta a Miguel Lovera, quien estuvo presente a lo largo de todo el evento: “¿Queremos un país de soja o un país de choclo?” La disyuntiva se traduce en la alternativa entre dos modelos que se confrontan, uno que incluye a los indígenas y campesinos y otro que implica a los grandes latifundistas y los transgénicos. Un año después, tristemente somos testigos del triunfo en Paraguay de un modelo que se impone con sangre, engaños e ilegalidad y que es capaz de destituir a un gobierno democrático. Un modelo en el que “el ministro de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo, de tendencia liberal, autorizó ilegalmente la siembra comercial de la semilla de algodón transgénico Bollgard Bt, de Monsanto. Antes Miguel Lovera se negó a inscribir tal semilla transgénica en los registros de cultivares, por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Ambiente, tal como exige la legislación (Méndez, 2012). A partir de su negativa, se inicio una campaña mediática en contra de Lovera y los ministros que negaron los permisos. Los grupos de poder que manejan los medios de comunicación, ligados a terratenientes y a las trasnacionales del agronegocio demandaban la destitución de Miguel Lovera del Senave, así como la liberalización de todas las semillas transgénicas para su cultivo comercial. Esta campaña culminó en la matanza de Curuguaty el 15 de junio, a raíz del desalojo de campesinos que tenían ocupadas unas dos mil hectáreas que un terrateniente se había apropiado con “subterfugios legales”. Mientras sucedía eso, se realizaba una exposición anual organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la que Monsanto presentaba otra variedad de algodón, doblemente transgénico: Bt y RR (Méndez, 2012). Una semana después el Congreso destituyó al presidente Lugo. El gobierno se derechiza y el propio Lugo denuncia que “quien preside el Senave es un vendedor de agrotóxicos”. En cuanto a Venezuela observamos con preocupación que mientras se construye un país con la participación de la mayoría, también es amenazado por los terratenientes y por intereses particulares. En mayo pasado en Cojedes se realizó el Congreso sobre Diversidad Biológica, con más de tres mil participantes entre estudiantes, campesinos, organizaciones sociales y funcionarios; en una semana de presentaciones y debates se llegó a la construcción colectiva de una agenda a presentar en Río+20. A pesar del entusiasmo, las declaraciones en torno a los asesinatos de campesinos crearon desazón: “Están matando a nuestros dirigentes campesinos, a los que luchan por la recuperación de las tierras en manos de terratenientes y no observamos una acción contundente del Estado para detener esta serie de asesinatos que se acercan a los 300. Incluso se cuestionó a algunos funcionarios”, se dijo. Ante ello sirva retomar las palabras de los jóvenes, que en su labor cultural difunden el camino propuesto por las propias organizaciones campesinas: “Ahora, más que nunca, es necesario recuperar nuestro ímpetu combativo, nuestra histórica rebeldía y garantizar la movilización revolucionaria como única forma de mantener este proceso en manos del pueblo. Las masas campesinas reafirmamos la lucha contra el latifundio, liderada por nuestro comandante Hugo Chávez Frías en contra del ajusticiamiento de nuestros dirigentes populares y campesinos en manos del latifundio. Aunque se reconoce que es una situación de gran complejidad y en la que juegan varios factores de poder y de intereses que pueden estar conspirando para crear una atmósfera de inestabilidad”. (http://bravosuruc.blogspot.mx/) Estemos atentos: ¡las ratas se cuelan por las rendijas!