21 de julio de 2012     Número 58

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Agroecología: esperanza para el futuro

Adelita San Vicente Tello
• Directora de Semillas de Vida, AC • [email protected]

Del 13 al 15 de junio pasado se realizó un taller para la construcción de Propuestas Alternativas para un Nuevo Paradigma en la Agricultura y Sistemas Alimentarios Globales, como parte del Seminario internacional Alternativas frente al G-20. Con representantes de organizaciones de diversas partes del mundo: Indonesia, China, Brasil, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos, el taller inició con la panorámica sobre la agricultura del mundo la cual nos mostró un sistema de producción de alimentos con graves problemas, que se comparten por todos los países.

Se organizaron grupos de trabajo con tres temas: derecho a la alimentación y al territorio, estabilización de precios de alimentos en una economía mundial volátil y alternativas de producción que integran la naturaleza y la soberanía alimentaria. En este espacio abordaré este último tema.

Iniciamos con ponencias por parte de Julia Olmstead, del Institute for Agricultura and Trade Policy (IATP); Antonio Turrent, del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (INIFAP); Cati Marielle, del Grupo de Estudios Ambientales (GEA), y quien escribe este artículo, de Semillas de Vida. Después realizamos un interesante debate que moderó Karen Hansen-Kuhn.

Julia Olmstead presentó una experiencia de desarrollo de un sistema agroecológico en Minnesota y la medición del mismo con indicadores cuantitativos. Algunas de estas mediciones que se realizan a partir de resultados son: medidas transparentes que muestran un problema, la contribución al problema (a nivel del productor individual o de la práctica, el área geográfica, etcétera), la manera de cambiar esa contribución y la capacidad de cambiar. Finalmente señaló que la metodología parte por especificar qué se quiere lograr, no cómo y se paga a los productores agroecológicos en función de los resultados ligados al medio ambiente, los cuales deben ser de bajo costo.

La exposición de Antonio Turrent fue sobre cómo superar el déficit de alimentos básicos en México, en particular el caso del maíz. Señaló que tenemos una reserva de recursos: tierra, agua, biodiversidad, tecnología, un fuerte sector campesino, un sector institucional; con la cual se podría desarrollar un plan de acción de largo plazo que permitiría producir alimentos de buena calidad para todos los mexicanos. En particular, la agricultura campesina constituye una reserva con 2.7 millones de unidades de producción que tienen menos de cinco hectáreas, que si bien manejan tierras marginales por su calidad, acceso y pendientes, dada su presencia en las sierras allí es donde inicia el ciclo del agua; además, estas unidades manejan la biodiversidad del maíz: producen todo el grano de especialidad para la pluricultural comida mexicana; tienen potencial para usar su tierra de labor con intensidad; sus saberes son compatibles con los principios de la agroecología, y a diferencia del subsector empresarial, tienen amplia potencialidad para aumentar su producción.

Cati Marielle dio a conocer el Proyecto Integral Regional de acompañamiento a la Organización Comunitaria del Territorio, que se ha desarrollado en las montañas de Guerrero desde 1994 a la fecha. Esta es una experiencia hacia la reconstrucción de la autonomía y la soberanía alimentaria, en la cual se promueve la agricultura campesina e indígena, la cultura del maíz y el respeto a la madre tierra, en la búsqueda de una sociedad sustentable, soberana, plural y justa, donde quepamos todos y todas con dignidad. Los principios de los que parten son: respeto a las instituciones y sistemas normativos de los pueblos, reconocimiento de la ciencia campesina y del manejo comunitario del territorio, diálogo de saberes (aprendizaje mutuo y búsqueda de alternativas) y asesoría respetuosa hacia la autogestión comunitaria. Lo que se pretende es la reconstrucción de la autonomía y la soberanía alimentaria a partir de construir redes a nivel familiar, comunitario, local-regional, nacional y a nivel internacional.

Finalmente, Adelita San Vicente, quien redacta este artículo, señaló los graves problemas que ha generado el modelo industrial de producción de alimentos. En este contexto, la agroecología emerge como una ciencia que recoge conocimientos ancestrales y se presenta como un paradigma productivo capaz de enfrentar la situación. La agroecología propone mejorar la sostenibilidad de los ecosistemas imitando a la naturaleza, no a la industria, y fomentando interacciones benéficas y sinergias en la llamada biodiversidad funcional, lo cual implica optimizar procesos claves como la acumulación de materia orgánica, el reciclaje de nutrientes, la regulación biológica, etcétera Ejemplifico con el aporte de la agricultura agroecológica a la alimentación en Cuba y con la agricultura campesina en México, en particular con dos sistemas de producción milenarios: la chinampa y la milpa.

Después de un interesante diálogo se llegaron a las siguientes alternativas de producción que integran a la naturaleza y la soberanía alimentaria, las cuales se dividieron en dos niveles de propuestas.

Al G-20:

• Rescatar la importancia de la agricultura para enfrentar la crisis civilizatoria actual, reconociendo sus beneficios y planteándola fuera del circuito comercial y financiero.

• Definir la agricultura como la actividad central de la humanidad para producir alimentos sanos, generar empleos, y conservar y restaurar el medio ambiente.

• Reconocer a los campesinos (as) y a la cultura campesina, y sus conocimientos y el papel central del sector rural, que se sustenta en pueblos originarios y comunidades indígenas.

• Rechazar la aplicación de falsas soluciones para incrementar la producción de alimentos tales como el uso de semillas transgénicas, es especial, en los países que son centros de origen y diversificación. Expresamos nuestra solidaridad ante la situación de emergencia que vive México ante la autorización del gobierno mexicano de la siembra comercial de soya transgénica y la pretensión de liberal maíz transgénico.

• Reconocer las semillas, recursos genéticos y agua como bienes comunes de la humanidad, indispensables para garantizar la soberanía alimentaria de los países y la seguridad alimentaria global.

A los gobiernos nacionales:

• Establecer la agroecología como estrategia productiva tecnológica alternativa al modelo de producción agrícola industrial, dado que se ha demostrado no solamente su resiliencia frente a los estragos resultados del cambio climático, sino por sus beneficios productivos, sociales, culturales y ambientales a largo plazo.

• Impulsar la inversión pública para fomentar la agroecología, priorizando la investigación, el diálogo de saberes, la evaluación, las técnicas, la recuperación colectiva de las semillas y la difusión, con reglas claras acordes a las realidades de cada región.


Cumbres g-20 y río+20:
profundización de un modelo insostenible

Diana Aguiar
• Facilitadora del Grupo de Trabajo Arquitectura Económica Internacional de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (Rebrip) • [email protected]


ILUSTRACIÓN: Thomas Hart Benton

No fue mera coincidencia que la reunión del G-20 en Los Cabos ocurriera justo antes de la cumbre de Río+20 de las Naciones Unidas. Aunque en una primera mirada ambas parecían tratar de temas muy distintos, un análisis detenido revela lo que estaba en juego en las dos: el modelo de desarrollo que los gobiernos, capturados por los intereses de las corporaciones, están promoviendo como falsa solución para las crisis económico-financiera, social y ecológica.

Para comprender los antecedentes, es necesario observar que en las tres décadas recientes el proceso de financiarización de la economía se profundizó globalmente. La financiarización quiere decir que la renta obtenida al comercializarse dinero, sus derivados y riesgos asociados se vuelve significativamente mayor que la obtenida con el comercio de riqueza tangible, en la forma de bienes y servicios.

Este proceso produjo un nivel absurdo de especulación financiera que ha causado el tipo de burbujas que reventaron en el colapso financiero de 2008, y ha aumentado exponencialmente el tamaño de los mercados financieros frente a la economía de bienes y servicios.

La especulación con los precios de los alimentos –con efectos nefastos sobre la seguridad alimentaria de los pueblos– ha ocurrido porque luego del colapso del mercado inmobiliario estadounidense, muchos inversionistas redireccionaron su atención a las commodities, entre ellas los granos.

No satisfechos con esto, los inversionistas siguen buscando nuevas fronteras de acumulación. Y sus intereses están siendo defendidos por los gobiernos del G-20. Esto fue muy evidente cuando promovieron el paradigma del “crecimiento verde” en Los Cabos o de la seconomía verdee en la cumbre de Rio+20. Los nombres pueden ser ligeramente distintos, pero el contenido político es similar: buscan maneras de privatizar los bienes comunes de la naturaleza en nuevos contratos de commodities con el argumento de que las personas no preservarán lo que no les cueste económicamente depredar.

En principio, todos estamos a favor de una economía “verde”. El problema es lo que se comprende por esto. Para los gobiernos del G-20, no implica cuestionar los patrones de producción y consumo insostenibles de las clases más privilegiadas del mundo. Tampoco considera mecanismos de distribución de la riqueza –que sigue altamente concentrada, generando agotamiento y mala repartición de los recursos limitados del planeta. Además, poco se está haciendo para detener los movimientos especulativos del mercado financiero que sigue ampliamente desregulado, a pesar de la experiencia reciente de crisis.

El paradigma de la economía verde tiene sus bases en los estudios de la iniciativa TEEB (la economía de los ecosistemas y la biodiversidad), liderada por un economista indio del mercado financiero, Pavan Sukhdev, el mismo que escribió el documento de referencia sobre la Eeconomía verdee del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.


FOTO: UN-ISDR

Según las premisas de TEEB, es necesario dar valor monetario a los servicios ecosistémicos que la naturaleza ofrece para los seres humanos y que no se comercializan hoy o no se comercializaban hasta hace poco. Por ejemplo, se puso precio a la captura del exceso de carbono en la atmósfera, para que las industrias que contaminan puedan seguir haciéndolo, sólo a cambio de pagos a los protectores de los bosques –comunidades indígenas, por ejemplo–. Se ha creado así un mercado de carbono para la especulación de los inversionistas. Diversos otros mercados similares de Spagos por servicios ambientalesp serán creados bajo estas iniciativas.

Así, además de las burbujas financieras, la financiarización tiene varios impactos que los pueblos están enfrentando en los territorios: la privatización de riquezas naturales que antes eran de uso colectivo: los bosques, el aire que respiramos y el agua de los ríos son algunos ejemplos, y toda la biodiversidad del planeta es vulnerable de ser privatizada bajo esta estrategia de la alianza entre gobiernos y mercados financieros.

Este proceso de privatización propiciará que el acceso a ciertos recursos se vuelva más caro, lo que afectará especialmente a las familias más pobres y a los hogares con jefatura femenina. También generará más disputas por territorios y más inseguridad a los pueblos. Además, el ingreso de dinero en sociedades indígenas que no tiene relaciones monetarizadas, como es el caso de algunas en la Amazonía sudamericana, será un elemento considerable de conflicto social.

Así, el modelo de desarrollo promovido en ambas cumbres –G-20 y Río+20– lejos de dar respuestas a las múltiples crisis económica-financiera, social y ecológica, está promoviendo falsas soluciones de mercado que sólo profundizan la insostenibilidad del actual modelo. Extremamente distante de este paradigma, las cumbres de los Pueblos de Río+20 y frente al G-20 plantearon cambios profundos de modelo que signifiquen justicia social y ambiental y la defensa de los bienes comunes.