El 50 por ciento de los 40.6 millones de cibernautas que hay en México son jóvenes de entre 12 y 24 años de edad, y representan el principal sector de la población expuesto a delitos cibernéticos, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), retomadas por el departamento de división científica de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal responsable de la prevención e investigación de ese tipo de actividades ilícitas.

Durante un taller para periodistas sobre delitos cibernéticos efectuado ayer en las instalaciones de esa dependencia federal, Juan Carlos Guel López, titular de la coordinación para la prevención de delitos electrónicos de la Policía Federal (PF), refirió que las conductas ilícitas más recurrentes en México son los fraudes (en modalidades que van desde la venta de cosas usadas hasta el ofrecimiento de empleos en empresas fantasma) amenazas, pederastia, extorsiones, acoso sexual, difamación, ciberbulling, grooming, sexting y sextorsión.

En lo que va de 2012, la división científica de la PF reportó un incremento en delitos cibernéticos en México en su modalidad de extorsión y fraude.

Son más de 5 mil denuncias respecto a este tipo de extorsión, por empleo, que van desde empresas del sector alimenticio en el cual, a través de correo electrónico, intentan defraudar al ciudadano mexicano. Se les hace una oferta de trabajo y acto seguido se les pide una cuota para poder proseguir con sus trámites en una aparente incorporación. Estas denuncias por extorsión han aumentado 14 por ciento este año respecto del anterior, comentó Guel López.

Precisó que durante los primeros seis meses del presente año el número de denuncias recibidas por delitos electrónicos asciende a 8 mil, donde la pornografía infantil, la desaparición de menores, las amenazas y la trata de personas continúan como los principales delitos cometidos.

De las denuncias que más hemos registrado de enero a junio de 2012 son amenazas a través de algún medio electrónico contra niñas, niños y adolescentes en nuestro país, la siguiente es la difamación y en tercer lugar está el ciberbullying, añadió el funcionario.

Dijo que de 2009 a la fecha, la división cibernética de la PF ha realizado 16 operativos en contra de delitos electrónicos cometidos en contra de menores, en los cuales se han detenido a 10 personas.

Sin embargo, de los diez arrestos sólo se han obtenido del Poder Judicial Federal dos sentencias condenatorias: una contra Arthur Sayler, un pederasta de origen estadunidense detenido en 2009 en Colima, y otra contra Mauro Hernández, enfermero radicado en San Luis Potosí. Ambos pasarán en prisión 8 y 29 años respectivamente.

De su lado, Antonio Espiridión Ramírez, director general de prevención de este tipo de delitos en la PF indicó que el problema en México es que su legislación penal es precaria e insuficiente para combatir este tipo de conductas ilícitas tipificadas como delito en muchos países menos en México.

El robo de identidad en México no es un delito; el abuso de uso de dispositivos electrónicos (como usb) para difundir información con contenido de pornografía infantil y otras imágenes con contenido sexual tampoco es un delito y la difamación por internet tampoco está tipificado como delito en el país, explicó Ramírez, abogado especialista en derecho penal.

La Unidad de Delitos Cibernéticos de la PF cuenta con un Centro Nacional de Atención Ciudadana, ante el cual es necesario presentar la denuncia, ya que sin ésta, los policías no pueden actuar.

Dicha área de la PF cuenta con un departamento de análisis de forense digital, el cual hace estudios de las computadoras que utilizan los agresores o las víctimas de algún delito.

Por ejemplo, explicó Juan Carlos Guel, se puede hacer un análisis de las cuentas de correo y de las páginas de Internet que visitó por última vez un menor desaparecido y que presumiblemente fue contactado a través de la red cibernética.

Afirmó que legalmente nadie es dueño de Internet. Esto te mete en un tema de necesidad de regulación. Ciertos países tienen leyes. En México tenemos una legislación que previene o persigue los delitos informáticos, pero tenemos que trabajar mucho más fuerte con proveedores de Internet, con las cableras, para evitar que monten páginas de Internet que pueden ser instaladas incluso fuera del país, y por tanto es imposible bajo el esquema jurídico actual su regulación.